Desde hace años ocupa un espacio relativamente importante en la agenda continental el deterioro de la situación general, con una crisis social, económica y política que se profundiza cada vez más sin encontrar un límite. Miles de venezolanos sufren una inflación extraordinaria, la más alta del mundo, padecen desabastecimiento de productos básicos y además una extrema violencia de un gobierno que por mantenerse en el poder está dispuesto a casi todo. En tanto, millones de personas han decidido con mucho dolor abandonar el país y buscar futuro en otros territorios, como el de la Argentina que recibió más de 150 mil de desplazados. 

En este contexto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la semana pasada la "erosión del Estado de derecho" en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones  internacionales agravan la crisis en el país. Bachelet, que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el ejercicio de las libertades y los 

derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en este país "un riesgo de represalias y de represión".

Al presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras viajar a Venezuela del 19 al 21 de junio pasado, Bachelet consideró que las principales instituciones y el Estado de derecho han sido erosionados. 

El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad. Esta cifra es "extremadamente elevada", según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.

Asimismo, el reporte recuerda que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, de acuerdo con las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y estima que entre noviembre 2018 y febrero 2019, "1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales". La escasez de medicamentos y el grave estado de los servicios sanitarios venezolanos es algo que los profesionales locales del sector llevan años denunciando. 

Aún siendo muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó sin embargo que se tenía que "dar una oportunidad" al gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una "fecha límite". Destacó un "nuevo compromiso" del gobierno de Nicolás Maduro después de la liberación de más de 80 detenidos tras su visita, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni.

El gobierno también aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años. Caracas se comprometió además a suministrar a la ONU un acceso total a todos los centros de detención, indicó la Alta Comisionada. Bachelet aseguró, ante la prensa, que iba a seguir cooperando con Caracas, pero advirtió que el Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos humanos.

De todos modos, el informe de la ONU fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de "errores". El viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, presente en la ONU el pasado viernes, exigió la "corrección" del documento. 

En el documento, Bachelet pide a Caracas disolver las FAES, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Castillo reconoció las "debilidades" del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido "desviaciones puntuales". Pero Caracas "rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", agregó.

Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países. El país sufre además una severa crisis económica, recrudecida por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro. De acuerdo con Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos, es decir un cuarto de la población, requieren ayuda humanitaria urgente.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense dijo que el informe publicado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ilustra la profundidad de la desesperación y de la crisis humanitaria en Venezuela. 

El informe de Bachelet instaló nuevamente en el centro de la agenda mundial, aunque Maduro no cede en su decisión de mantenerse en el poder a toda costa pese al hambre de los venezolanos. El temor es que un cambio y la restauración de las instituciones de la democracia lo pongan detrás de las rejas.