Así como la corrupción no es patrimonio exclusivo de la Argentina, la crisis económica si bien nos golpea más fuerte que a nadie en la región tampoco es una particularidad de nuestro país que transita por un ajuste inevitable según el Gobierno, los economistas, el Fondo Monetario Internacional y la mano invisible de los mercados. Ese recorte de las partidas que realiza el sector público para bajar equilibrar sus cuentas, dado que en la actualidad sus gastos superan sus ingresos, explica en gran medida el aumento de las tensiones y de la protesta social. La convocatoria a un paro nacional efectuado por la CGT para reclamar por el rumbo económico o contra un programa de gobierno que a la luz de los resultados tiene más de improvisación que de planificación agrega mayor incertidumbre a una retorcido y oscuro panorama. El incesante aumento del dólar que no atiende ni siquiera las súplicas del Presidente en busca de un armisticio con los mercados es otro síntoma de que al Gobierno de Cambiemos no le responde el timón y que está librado a la suerte de las fuerzas de la naturaleza económica.
Sin embargo, Argentina no es el único país en problemas en esta zona del globo. Brasil sufre también por el escenario inestable de la economía internacional y por un proceso electoral casi absurdo en el que un ex presidente condenado a la cárcel un puñado de años por corrupción pasiva encabeza la intención de voto para las elecciones de octubre. Este contexto político pone en alerta a los agentes económicos y agrega incertidumbre.
Uruguay es otro país que transita por tiempos tortuosos. La semana pasada sufrió una jornada de paro general que dejó vacías las calles de la capital Montevideo, con mínimo transporte, escuelas y servicios públicos cerrados, tras una convocatoria de la central sindical PIT CNT. La huelga es en reclamo de más recursos en la ley de presupuesto que discute el Congreso, e incrementos de salario en las negociaciones colectivas en curso entre empresas privadas y empleados. Es decir, problemáticas muy familiares para los argentinos.
Con el llamado "el 22 yo paro" bajo la consigna "si a los trabajadores les va bien, al pueblo le va bien", la convocatoria en Uruguay se produjo en medio de una dura puja con el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en un país afectado por un fuerte déficit fiscal. Otro problema compartido con la administración argentina. "¿Por qué han subido las pensiones y jubilaciones? Porque el salario medio de los trabajadores ha crecido. ¿Por qué ha mejorado la capacidad de algunos comercios pequeños? Porque el trabajador tuvo mayor poder adquisitivo" durante los últimos 14 años, sostuvo el presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, en declaraciones divulgadas en la cuenta de twitter de la central sindical. Podrían haber sido las palabras de un gremialista argentino y nadie hubiera advertido la diferencia, lo que confirma que ambos países recorren una senda sinuosa
Del otro lado del Río de la Plata, los sindicatos reclaman presupuesto equivalente al "6% del PIB para la educación y 1% para investigación", "más presupuesto para salud y vivienda" y "salario y mejores condiciones laborales para trabajadores públicos y privados", sumado a "mayor y mejor distribución de la riqueza". Un planteo que bien podría copiar y pegar la CGT argentina.
En tren de entender la situación uruguaya, es preciso apuntar que esta paralización se produce cuando el gobierno del izquierdista Frente Amplio, que lleva su tercer período de gobierno al frente de Uruguay desde 2005, vio cesar los altos precios de las commodities agropecuarias que produce el país y que impulsaron su crecimiento, ininterrumpido desde 2003. En este caso, no hay una similitud con la Argentina donde gobierna un frente de centro derecho.
De todos modos, el Ejecutivo del vecino país prevé en su ley de presupuesto -que requiere todavía aprobación del Senado tras pasar la cámara de diputados con votos de la mayoría gobernante-, un crecimiento de 2,5% para 2018. Los analistas vienen reduciendo mes a mes sus pronósticos para el crecimiento de la actividad en Uruguay, donde varias empresas de mediano y gran porte están enfrentando problemas financieros y la creación de empleo se debilita.
Asimismo, para los trabajadores, la inflación se ha convertido en un escollo difícil de sortear. En lo que va de 2018 la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC) alcanza 6,49% según datos a julio, mientras en igual período de 2017 la variación había sido mucho menor, de 4,66%. En tanto, en 12 meses, los precios subieron 8,41%.
Montevideo se ha convertido en la tercera ciudad más cara de Sudamérica, según un informe reciente de la firma de recursos humanos Mercer. Las gremiales agropecuarias dieron un portazo en las negociaciones salariales, y dejaron las conversaciones patrocinadas por el Ejecutivo en medio de una situación cada vez más deteriorada en el sector lácteo, y la tensión entre los empleadores es palpable.