Siempre la misma historia en la Argentina que deja pasar otro tren y se sumerge en una nueva crisis generalizada en el orden económico, social y en especial en la dimensión política. Cuesta creer que el Presidente y el candidato más votado, embarcados en una lucha por el poder en el que vale todo, enfríen el diálogo sin importarle demasiado lo que sucede con la sufrida gente común. En lo que podría considerarse como un estado de engaño permanente, los dirigentes afirman que les importa el impacto de la crisis en los argentinos, pero a juzgar por lo que hacen se advierte una hipocresía intolerable.
En una campaña las palabras, los silencios, la forma en que dicen o callan y los gestos importan muchísimo. No es un secreto que el país atravesaba una dura crisis antes de las elecciones primarias pero desde ese día la caída al infierno se precipitó sin escalas. Al día después de las PASO, los mercados castigaron al país y se necesitó de una comunicación telefónica entre el Presidente y el candidato más votado, en lo que fue una actitud madura y responsable, para dar tranquilidad más allá de que el equilibrio alcanzado era precario.
Del mismo modo, bastó un comunicado del espacio del candidato más votado, tras una reunión con funcionarios del FMI, para dinamitar la calma e ingresar en una etapa muy oscura sin que hasta ahora se encuentre la luz. Así, esa tregua firmada por los dos principales adversarios electorales fue efímera para el lamento de los argentinos, ambos optaron por especular en función de sus intereses personales o sectoriales. Es el poder o la batalla por conquistarlo. La credibilidad ya no es un capital a defender en la política.
Un racional llamado hicieron los defensores públicos de todas las provincias durante el encuentro que realizaron el miércoles en Rosario. Se sugirió que todos quienes detentan grados superiores de responsabilidad alguna sean prudentes tanto en sus actos y declaraciones públicas, para que se respete la institucionalidad y la democracia. Los funcionarios, que ratificar estar del lado de los ciudadanos, impulsaron una declaración instando tal actitud a los efectos de que se promuevan conductas que se identifiquen con el sistema republicano de gobierno, el respeto a las instituciones, y el sistema democrático.
Desde hace un tiempo a esta parte, en la mayor plataforma de peticiones del mundo www.change.org, se promueve el documento "Los acuerdos que necesitamos". Se trata de una iniciativa de "Argentina Conversa" que tiene entre sus referentes a la escritora Marta Oyhanarte y al abogado Alejandro Drucaroff y que busca mejorar la democracia. A pocas semanas de realizarse las próximas elecciones generales, un grupo de intelectuales, artistas, empresarios y figuras reconocidas de diferentes sectores de la sociedad se ha propuesto encontrar caminos aptos para encarar problemas que por su gravedad y urgencia sería absurdo e irresponsable ignorar.
En una columna publicada en Clarín por Oyhanarte y Drucaroff, recordaron que un grupo de ciudadanos autoconvocados llamó a iniciar una Conversación Nacional con la certeza de que no hay modo de enfrentar los graves y recurrentes problemas que aquejan a los argentinos -desde hace décadas y bajo distintos gobiernos- sin conversar, escucharnos y llegar a acuerdos mínimos en temas cruciales como educación, salud, seguridad, trabajo, crisis climática y reglas básicas estables en materia económica que permitan desarrollar actividades con un razonable grado de previsibilidad. Acuerdos que se cumplan, sin importar quien gobierne, destacan en esa nota.
En este sentido, alertaron sobre los riesgos, para las personas y para las instituciones democráticas, si no se encaraban esos problemas graves y urgentes que la pugna electoral potenciaría. Afirman que la delicada situación planteada tras las PASO demuestra que conversar es hoy una necesidad aún mayor. Y que deben comenzar por hacerlo el gobierno y la oposición, de cara la sociedad, con transparencia y compromiso.
Consideran que resulta indispensable que la dirigencia, dejando de lado las especulaciones electorales, asuma la dimensión y gravedad del momento. En tal sentido, plantean que la voluntad popular decidirá, como corresponde en un Estado de Derecho, a quien le compete gobernar después del 10 de diciembre pero es claro que esa fecha queda hoy mucho más lejos que lo que indica el calendario.
Tras admitir que la historia de nuestro país muestra una ciudadanía de baja intensidad, con desconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, que ha establecido una conflictiva y confusa relación entre lo público y lo privado, subraya lo importante que sería que el Gobierno, del signo que fuere, asumiera que es de su responsabilidad concretar la democracia participativa que se pregona. Que, en este marco, impulse encuentros entre sectores en universidades, empresas, entidades sin fines de lucro, iglesias, bibliotecas, sindicatos, organizaciones barriales u otros espacios de la vida comunitaria para poner en marcha una conversación capaz de conducirnos a acuerdos que puedan ser analizados, comprendidos y auditados por una ciudadanía de creciente intensidad. Esto es, gobernantes y gobernados reflexionando, sugiriendo y actuando para un nuevo proyecto de país.
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