El tributo al trabajo o al salario como bautizaron los gremios al impuesto a las Ganancias en la Argentina explicará hoy la cristalización de una nueva medida de fuerza que paralizará en gran medida la actividad económica y se reflejará en el movimiento habitual que se observa en las calles o rutas del país. Sin actividad en los bancos, los argentinos hoy no podrán viajar en micros para recorrer trayectos cortos o largos entre ciudades -en Rafaela el servicio municipal de transporte de pasajeros funcionará sin problemas- ni hacer trámites en los bancos ni enviar o recibir mercaderías de un transporte de cargas, todo enmarcado en una semana especialmente escasa en días hábiles debido a la Semana Santa. Además, al menos en la Provincia de Santa Fe, muchos docentes se plegarán a las medidas de fuerza porque soportan descuentos salariales en concepto de Ganancias, un problema que no es nuevo y que ya irrita a muchos ante la falta de respuestas. 

Así, una importante cantidad de trabajadores argentinos está dispuesto a combatir a un gobierno al verse afectado en sus ingresos. Además, consideran que con los aumentos de sueldos de este 2015 y en caso de que no se eleve el mínimo no imponible de Ganancias, la retención será cada vez más importante, lo que alarma a todos. 

En un año signado por las elecciones, el Gobierno se mantuvo en los últimos días en su postura de no hacer modificación alguna en el tributo, en tanto que los precandidatos presidenciales de la oposición ya anticiparon que no están de acuerdo con esta política y que en caso de llegar al poder impulsarán las reformas correspondientes. 

También es cierto que algunos adhieren al paro de hoy enojados con un Gobierno que está en retirada y que abusó de un discurso por momentos hiriente y que hizo de la confrontación un estilo de ejercer el poder, sin interés en tender puentes o buscar consensos, que construyó sus bases de gestión sobre la descalificación y la división entre amigo o enemigo. 

Una muestra de esta prepotencia habitual en la forma de gestionar la cosa pública fueron las declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien sostuvo que los gremios que adhieren al paro involucran "sólo a entre el 10 y el 15%" del total de trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias. "Es una porción chiquita de los trabajadores", enfatizó el ministro planteando el análisis en términos cuantitativos pero esquivando sobre si la aplicación del impuesto es justo o no. Y para cerrar cualquier discusión, afirmó que el mínimo no imponible "está muy bien en el nivel en el que está" a la vez que deslizó que la huelga tiene motivaciones políticas. 

Sus declaraciones no hicieron más que atizar el fuego y la bronca de los dirigentes gremiales, quienes alertan que a medida que se vayan implementando los acuerdos paritarios de este año crecerá la masa de trabajadores alcanzados por esta retención, lo que a su vez se traducirá en un mayor grado de conflictividad. 

Desde el Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano salió a cruzar al ministro al consignar, en referencia al Gobierno, que "son provocadores seriales siempre que hay una medida de fuerzas, no aceptan ni escuchan un reclamo legítimo". Al mismo tiempo, detalló que el 80 por ciento de los 220 mil afiliados al gremio tributa Ganancias. Los bancarios por su parte advierten que el 90 por ciento de los trabajadores del sector padece los efectos del impuesto. 

Así las cosas, la postura irreductible del Gobierno nacional y la determinación de las organizaciones sindicales puede llevar a una escalada del conflicto en plena campaña electoral.

El secretario general de la CTA autónoma, Pablo Micheli, advirtió que los gremios podrían organizar un nuevo paro de 36 horas para después de este martes contra el impuesto a las Ganancias que afecta a los salarios más altos. El sindicalista consideró que el Gobierno debería poner "un poco de sentido común" y convocar a una mesa de diálogo en el marco de un Consejo Económico y Social, como se da en otros países, para discutir "el problema del mínimo no imposible".

Hay que recordar que en agosto se realizarán las primarias abiertas nacionales y en octubre se elige al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner. En este escenario, puede suceder que los propios candidatos del oficialismo gestionen, ante el malhumor social por ganancias, una modificación que reclaman los gremios y los propios trabajadores. 

De todos modos, lo que se percibe es que aquellos convertidos en fervientes opositores de un Gobierno que extrañamente disfrutó hacerse de enemigos aprovechan cualquier protesta para sumarse y causar algún daño adicional al kirchnerismo. Algo de eso pasó con la marcha del 18F por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Algo de esto sucederá hoy, lo que es reflejo de una sociedad partida.