En la Argentina, las empresas y los ciudadanos no parecen tener escapatoria a una salvaje presión tributaria que ejerce el Estado ante la necesidad de conseguir recursos que permitan mantener una distorsiva e ineficiente política de subsidios así como también el elevado e irritante gasto público. Nunca parece estar satisfecho el Gobierno a la hora de esquilmar a los contribuyentes - ovejas mientras poco hace para atacar los focos de corrupción que muestra, entre otros, al mismísimo vicepresidente de la Nación investigado en múltiples causas, entre ellas por enriquecimiento ilícito. Tampoco está interesado en reducir la ineficiencia del gasto público, que entre otras anomalías exhibe una política de subsidios que beneficia a pobres y ricos por igual sin distinguir quién realmente necesita la mano del Estado. Es decir, en la cabeza de qué administrador puede concebirse que se subsidie el gas y la luz de una familia pobre y una rica por igual. 

Esta agresiva presión tributaria genera situaciones casi dramáticas. Empresas asfixiadas por el contexto recesivo de la economía (caída de ventas, de ingresos, aumentos de costos y resquebrajamiento de la cadena de pagos) no tienen más alternativa que cumplir con las cargas impositivas que exige el Estado ante la amenaza de sufrir onerosas multas. En un país donde los costos laborales son altísimos, se entiende por qué surgen obstáculos que impiden reducir las tasas de empleo en negro por debajo del 30 por ciento, a pesar de los esfuerzos. Son apenas dos ejemplos que pintan problemas de la vida cotidiana de las empresas ante un Estado que diseñó un aparato casi policial dentro de la misma AFIP que guarda simetrías con aquellos ejércitos de la corona inglesa que salían a cobrar espada en mano el impuesto a los súbditos. 

La decisión de no elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que cada vez alcanza a más trabajadores a medida que se acuerden aumentos salariales en el marco de las paritarias, es un capricho que va en contra de la promocionada justicia social, una de las banderas que enarbola el Gobierno al menos desde el relato, y que sólo se entiende por las urgencias de una caja vacía que obliga a quedarse con los dineros de la sociedad y de los organismos como el Banco Central o la ANSES. 

En este marco, el Instituto Argentino de

Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que "la presión tributaria en

la Argentina, del 31,2%, está por encima del promedio de

latinoamérica" a la vez que propuso la eliminación de "distorsiones" en materia

impositiva. 

Para el IARAF, el Gobierno también debe suprimir la

ganancia mínima presunta y elevar el piso de Bienes Personales.

"Hoy debe haber muchos argentinos que son contribuyentes de

bienes personales por el solo hecho de tener una casa y un auto

normales", explicó con un realismo crítico lo que sucede en el país. En un informe titulado "Presión Tributaria y

Gasto Público de Argentina en el contexto internacional", en el que se basa en la medición de organismos como CEPAL, OCDE y BID, la

presión tributaria argentina en el 2013 representó el 31,2% del

producto bruto.

"Con este valor, ocupa el segundo puesto en el ranking de

presión tributaria de los países latinoamericanos y del Caribe,

luego de Brasil, cuya presión tributaria alcanzó el 35,7% del

PIB", sostiene el informe.

Así las cosas, la carga tributaria de Argentina, si bien se

encuentra aún por debajo de la presión tributaria del promedio de

los países de la OCDE (34,1%), es sustancialmente más elevada que

el promedio de Latinoamérica y el Caribe (21,3%), y de los vecinos

Uruguay (27,1%) y Chile (20,2%).

En la Argentina, según estadísticas de la CEPAL, el tamaño del

Estado considerando el gasto total del Sector Público no

financiero aumentó a lo largo del período 1990-2012 unos 22 puntos

porcentuales del producto (prácticamente duplicándose).

"En general, las estructuras tributarias de los países de

América Latina tienden a caracterizarse por una mayor

participación de impuestos indirectos, que son más regresivos

puesto que no tienen en cuenta aspectos individuales de las

personas como su capacidad de pago, por ejemplo", remarca el trabajo del IARAF.

En el mismo sentido se pronunció la consultora Economía y Regiones, al asegurar en uno de sus últimos análisis de coyuntura que "la presión tributaria creció 74% entre 2003 (17.0%) y 2014 (29.6), lo cual representa un aumento de 12.6 puntos porcentuales en términos del producto". Sin embargo, el incremento de la presión tributaria y por ende de la recaudación constituye "sólo una cara de la moneda de la política fiscal, la otra es un mayor incremento del gasto público, con lo cual hace años que la economía argentina experimenta un continuo y exponencial aumento del déficit fiscal".