BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó ayer sus polémicos dichos sobre que habrá "sangre y muertos" si gana la oposición y redobló la apuesta, al sostener que de imponerse Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza "van a lastimar a mucha gente".
En las puertas del Ministerio de Seguridad, el funcionario nacional auguró que "dinamitar todo", como planteó el referente libertario Javier Milei, sin tener en cuenta el impacto social "sólo puede" derivar en "muertes y sangre".
"¿Cómo es dinamitar sin que no haya heridos y sangre, cómo se hace para que mueran los que tengan que morir?", se preguntó Aníbal Fernández, a quien sus dichos le valieron dos denuncias penales.
"Lo que dije fue que si llegaran a ser Gobierno y eso lo llevaran a la práctica inexorablemente, cierra con represión, muertos y sangre", insistió el referente oficialista, al tiempo que apuntó contra la aspirante presidencial Patricia Bullrich, el ex presidente Mauricio Macri y Milei.
En un intercambio crispado con la prensa, al ser tildado de irresponsable, Fernández expresó: "Irresponsables son ustedes, los que no ven lo que dicen Macri y Milei. Dicen que tienen que morir los que tienen que morir y hablan de dinamitar. Lo dicen Macri, Milei y Bullrich, la oposición".
"Sólo digo lo que escucho, dije que si eso es lo que prometen que van a hacer, sólo cierra con represión", se defendió.
Por último, habló de la gestión de Cambiemos y aseguró que busca llamar la atención de la sociedad.
"Ya pasó, en cuatro años no saben la cantidad de gente que despidieron y la represión que había en las calles", afirmó sobre el período en el que gobernó Macri, para luego concluir: "Irresponsables son los que vieron que eso sucedió, que quieren volver por lo mismo y que van a lastimar a mucha gente. Lo que hago es llamarles la atención, no estoy intentando generar pánico ni nada que se le parezca".

DOS DENUNCIAS
La primera acusación fue realizada ayer a título personal por el abogado Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "los Copitos", quien se encuentra detenido en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
"Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas", resumió la denuncia, de dos páginas.
El expediente quedó registrado con el número 1191/23 y fue asignado por sorteo al Juzgado Federal número nueve, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
"Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento", subrayó el denunciante.
Marano subrayó que "las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía".
La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.
El artículo 211 del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma o amenazare con la comisión de un delito de peligro común".
En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena "con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada".
En tanto, horas después se conoció que dirigentes de Republicanos Unidos también denunciaron a Fernández, ya que consideraron que sus declaraciones "infunden temor en la sociedad" y "miedo a la alternancia de poder".
"Es claro que, nada menos que una autoridad, ministro de Seguridad de la Nación, incurriendo en tales voces de alarma, infunde un temor a la sociedad sobre la posibilidad de alteraciones del orden público pasibles de derivar en graves violaciones de libertades y derechos. El ministro ha infundido un temor respecto del mismo sistema representativo y republicano de gobierno, la Democracia, en tanto busca crear miedo a la alternancia en el poder, en clara violación a principios de la Ley 25188 de ética en el ejercicio de la función píblica (Art. 2°), por lo que no puede soslayarse su intención perjudicial", consideraron José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio, José Luis Patiño, Milena Rendich, Javier Romano y Valeria Videnkina.