Uno de los problemas crónicos de la Argentina tiene que ver con el acceso al crédito para los sectores productivos. Lo habitual es que las tasas que cobran los bancos por sus préstamos a empresas sean elevadas, lo que encarece los costos productivos y por tanto es imposible no trasladarlos a los precios de bienes y servicios. En otras situaciones, directamente las pymes no pueden pagar los intereses, lo que las obliga a funcionar con lo que tienen y postergar inversiones que podrían optimizar sus líneas de producción y mejorar su rentabilidad para luego crecer y ser más competitivas. 

En el país, lamentablemente, las entidades financieras prefieren financiar el consumo con tasas altas que canalizar los fondos que depositan los ahorristas para las actividades económicas. En este marco, el Congreso aprobó esta semana la reforma de la Ley de Mercado de Capitales denominada "de Financiamiento Productivo", que incluso ya fue promulgada por el Gobierno. Entre otras modificaciones, la nueva ley suprime el artículo 20 de la anterior Ley de Mercado de Capitales, que había sido introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas. 

La ley aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles -antes de dar tratamiento al polémico proyecto de la oposición que limita el aumento de las tarifas- con los votos de Cambiemos, el Frente Renovador y el sector dialoguista del peronismo también establece que las facturas que emiten las pymes quedan aceptadas o conformadas automáticamente a los 15 días de emitidas: de esa forma pueden ser vendidas a través de bancos y/o en el mercado de capitales. Además, brinda herramientas para financiarse con el uso de la factura de crédito electrónica MiPyME y las obligaciones negociables. Por medio de esta norma se crean las Letras hipotecarias y la póliza de seguros, ambas ajustables por CER, con la intención de fomentar el acceso a la vivienda.

Resulta clarificador el argumento del diputado de Cambiemos, Eduardo Amadeo, durante el debate en el recinto de la Cámara baja. Al respecto, advirtió que una de las principales restricciones para el desarrollo del país es el "déficit crónico" de ahorro e inversión, por lo que sino se lo resuelve "será imposible asegurar crecimiento, empleo y salario digno por décadas". Según el legislador oficialista, las empresas viven en el corto plazo retirando del mercado las ganancias y reduciendo al mínimo sus inversiones en tanto que los bancos prefieren ganar dinero financiando tarjetas de crédito antes que proyectos productivos, lo cual denominó una combinación perversa.

De acuerdo a las estadísticas planteadas por el propio Amadeo, en la actualidad solo el 4% de las pymes accede al mercado formal de capitales mientras deben cancelar a sus proveedores en plazos no mayores a 20 días y sin contar con herramientas que les dé derechos a ejecutar sus facturas. En este contexto, afirmó que es necesario un mercado financiero flexible y moderno que les dé protección a los inversores y accionistas minoritarios, que tenga equidad y transparencia, que les dé posibilidades a cualquiera que tenga un proyecto de tener capital para realizarlo.

En la misma línea se pronunció el ministro de Finanzas, Luis Caputo, al resaltar que el corazón de la Ley de Financiamiento Productivo apunta a darle capital de trabajo o de inversión a las pymes. Al defender la iniciativa, consideró que el mercado local de capitales debe crecer para fomentar el ahorro interno y darles a las pequeñas y medianas empresas una fuente de financiamiento. 

Si bien la nueva ley fue rechazada por la oposición más fuerte en el Congreso, esto es el sector de legisladores alineados en el Frente para la Victoria, recibió el respaldo de entidades representativas de sectores productivos. Una de estas organizaciones es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual remarcó que tanto la Ley de Financiamiento Productivo como la de Defensa de la Competencia están destinadas a fortalecer al mercado de capitales argentino para fomentar la inversión y evitar la cartelización de los formadores de precios y las conductas anticompetitivas que perjudican a los consumidores.

En un escenario revuelto por las turbulencias en el mercado cambiario con alza de tasas, habrá que esperar los primeros meses para evaluar su operatoria y si realmente las Pymes han logrado un beneficio en materia de acceso al crédito.