Con un pasado atravesado por la corrupción estatal asociada en gran medida a la impunidad salvo algunas pocas excepciones, la Argentina asiste a un nuevo escándalo que ya le costó el cargo a 15 funcionarios públicos del actual gobierno nacional por la compra de alimentos con sobreprecios. Todo en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que obliga a agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios por parte de la administración pública de todos los niveles.  

Según la denuncia periodística, el Gobierno pagó $ 384 millones en alimentos a precios que en varios casos están por encima de los valores testigos fijados por la Sindicatura de la Nación, lo cual en un principio fue justificado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al señalar que se está "en emergencia" por el coronavirus. Si bien el funcionario admitió inicialmente que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos, en un primer momento buscó eludir la responsabilidad sin siquiera dejar margen para abrir una investigación que arroje luz sobre la polémica y determine culpas en caso de haberlas.

En su descargo y en un esfuerzo por darle un marco de regularidad a una operación sospechosa, Arroyo dijo que la compra extraordinaria obedece a un aumento sustancial de personas que necesitan la asistencia alimentaria por parte del Estado, puesto que pasaron de 8 millones a 11 millones los argentinos que requieren ayuda pública para comer. Entonces, para darle cobertura a todos quienes necesitan recibir alimentación, se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una compra directa en la que participaron más de once empresas, y en la que la Sindicatura General de la Nación establece los precios testigo. Además, defendió el proceso al sostener que se convocaron a más de once proveedores, sin aclarar que muchos de ellos tienen la misma dirección, es decir se crean empresas paralelas desde una misma sociedad para darle una supuesta legalidad a los concursos de precios impulsados desde el Estado.

Llamativamente, uno de los dirigentes que cuestionó la operación fue el líder de la CTEP y cercano al kirchnerismo, Juan Grabois, quien consideró que las compras constituyen una "estafa a los pobres".

Las compras fueron realizadas por una contratación directa, sin tener en cuenta el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, dado que así lo habilitó el Decreto 260/20 en el que se determinó la emergencia pública en materia sanitaria. La Secretaría de Articulación de Política Social indicó la necesidad de sumar acciones a fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más gravosos para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus.

Mientras la opinión pública concentra su atención casi exclusivamente en todo lo relacionado al coronavirus, en el Gobierno nacional hubo una maniobra, ahora fallida, para convalidar un alevoso caso de corrupción y que convierte al Estado en el peor comprador del mercado cuando debiera ser todo lo contrario puesto su enorme poder de negociación en adquisiciones a gran escala. 

El periodista de diario La Nación, Diego Cabot, fue quien dejó en evidencia a un equipo de muy ineficientes funcionarios, presuntamente corruptos. ¿Qué hubiera pasado si este trabajador de prensa no se interesaba en analizar en detalle esas compras del Estado? ¿Cuántas compras de este tipo prosperan con sobreprecios sin que nadie lo advierta? 

¿Cuál es el rol de los organismos de control en el órbita del Estado para evitar este tipo de actos irregulares??

Más aún, hay coincidencia plena de que una de las funciones de los legisladores en el Congreso, así como lo es de los concejales de Rafaela o los diputados y senadores santafesinos, controlar los actos de gobierno y llamar la atención cuando se detecten irregularidades. Todo parece haber fallado a favor de los funcionarios, excepto la prensa, que afortunadamente ha cumplido su papel una vez más. 

Que el Presidente de la Nación haya decidido dar marcha atrás con la compra directa y no pagar los exagerados precios es una buena señal, tanto como el despido de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que deberían dar cuanto antes explicaciones ante la Justicia, más allá de la emergencia y las restricciones para la circulación de personas impuestas en el marco de la cuarentena. Pero las cosas no deberían terminar en este punto sino que es necesario incorporar conceptos esenciales para una democracia, como transparencia y corrupción, al discurso presidencial como consigna de gestión y, al mismo tiempo, de advertencia para todos los funcionarios públicos con base en ese tan simple pero contundente refrán "el que las hace, las paga". 

Finalmente, a modo de conclusión, destacar que una investigación y publicación de un periodista en un diario argentino desnudó una vez más la corrupción estatal, la inacción de los organismos de control y una mezcla de ineficacia, desinterés y pereza de todos los legisladores, principalmente los de la oposición.