Si los senadores nacionales percibieran sus haberes en función de una escala de objetivos, quizás a fin de mes no deberían cobrar un peso ni tampoco sus ejército de asesores y/o colaboradores anónimos que parecen invisibles por momentos excepto cuando de cobrar se trata. Con la bancarización, ni siquiera a fin de mes aparecen por los lugares de trabajo. 

Así las cosas, la actividad legislativa no resistiría un control de calidad. Quizás podría tomarse como válido el control que efectúa la revista que refleja toda la "labor" que se desarrolla en el Congreso, cuando en especial a fin de año prepara informes en los que revela cuáles son los legisladores que más proyectos presentaron y cuántas palabras pronunciaron durante las sesiones. También habría que tener un sistema de auditoría sobre la calidad de los proyectos que presentan. 

Esta introducción viene a cuento de que la contundente derrota que sufrió el Gobierno en las primarias de agosto y la profundización de la crisis económica derivó en una paralización de la actividad del Congreso y particularmente del Senado, donde tanto el oficialismo como la oposición ven muy difícil que haya sesiones antes de las elecciones de octubre. El Senado no sesiona desde el 17 de julio y, mientras la agenda de reuniones de comisión permanece sin fechas marcadas, distintas fuentes de la Cámara alta coincidieron en que lo más probable es que el recinto no vuelva a abrirse hasta después del 27 de octubre.

Si bien no se descarta que haya en el medio alguna reunión de comisión aislada, el ánimo general de los senadores se inclina por mantener la actividad al mínimo para evitar más sobresaltos económicos, así como cualquier inconveniente político que pueda impactar en el escenario electoral, según un artículo de la agencia Noticias Argentinas. Entonces el ánimo general de los senadores los coloca del lado de la vagancia. Parecen olvidar de que son servidores públicos de todos los argentinos que les pagan el salario y que por ello deberían ir a trabajar casi con un sistema de control de horario de llegada y de salida. 

 En la bancada de Juntos por el Cambio de la Cámara alta, todas las energías están puestas en asistir al Poder Ejecutivo en todo lo que requiera en pos del objetivo de remontar los 15 puntos de ventaja que les sacó el Frente de Todos en las primarias de agosto. Con ese fin se abocaron a buscar algún tipo de acuerdo con la oposición para avanzar con el proyecto de "reperfilamiento" de la deuda local, aunque la resistencia del bloque del PJ a acompañar esa iniciativa llevó a los senadores oficialistas a considerar la inconveniencia de forzar un debate en el que podrían salir perdiendo.

Esto va de la mano con la idea que prima en el oficialismo desde que digirió el golpe de la derrota electoral, de ser cautelosos en materia política para evitar nuevas complicaciones en el plano económico. Tampoco en la bancada del PJ hay espíritu de bajar al recinto a debatir con el oficialismo: por un lado, también buscan mantener la calma frente a la delicada situación económica y, por el otro, quieren evitar cualquier error que pueda colarse en la campaña electoral que los tiene como favoritos.

La idea de la bancada que preside el cordobés Carlos Caserio y que tiene como punto de referencia la candidatura presidencial de Alberto Fernández es que ninguna frase o actitud polémica -que siempre pueden darse al calor del debate parlamentario- se les pueda volver en contra cuando tienen el viento a favor de las primarias. Así, el Senado se encamina a una parálisis casi total que empezó a vislumbrarse con la suspensión de todas las reuniones de comisión que estaban en la agenda para esta semana, empezando por la Bicameral de Control de la Deuda Externa a la que iba a concurrir el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. De la misma forma se suspendieron las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y Comercio, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado se encamina a un nivel de actividad que podría ubicarse en el mínimo histórico, debido a que en lo que va del año solo hubo ocho sesiones, la última de ellas el 17 de julio pasado. No obstante, la escasa actividad parlamentaria en este año atañe a las dos Cámaras del Congreso si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2019 se sancionaron nada más que nueve leyes, la cantidad más baja desde 2012 según un informe de la Fundación Directorio Legislativo.