Sin duda alguna que el mundo enfrenta un proceso saludable en materia de reasignación de derechos individuales y colectivos, aunque muchas veces este movimiento toma impulso en las injusticias del presente que obligan a poner en marcha sin más demoras cambios profundos. La paridad de género y el fortalecimiento de una red que frene la violencia contra las mujeres y niñas constituyen un claro ejemplo de este conjunto de transformaciones que generalmente comienzan a gestarse en las calles a través de marchas masivas. 

Si bien son los estados los que deben liderar cada uno de los cambios, esto es dar cuenta de las demandas sociales y ajustar sus legislaciones a la vez que crear organismos que apliquen esas normas de protección para quienes son víctimas de la violencia física o psicológica. Hasta ahora, por tanto, el mayor compromiso recae en las asociaciones civiles que se han cargado la misión de proveer cuidado a las víctimas y a los estados que aportan justicia mediante las herramientas para condenar a los responsables. 

De todos modos, la sensación es que falta una suerte de protocolo que empuje a las organizaciones a ingresar a esta senda de mayor conciencia y reconocimiento de derechos. Ahora la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el primer tratado internacional sobre violencia y hostigamiento laboral, que incluye el principio de las sanciones, un texto muy esperado especialmente después del surgimiento del movimiento #MeToo a nivel mundial.

La convención fue adoptada por una aplastante mayoría en la reunión anual de la OIT, una agencia centenaria de Naciones Unidas fundada en 1919 -la única que sobrevive al Tratado de Versalles-, que reúne a gobiernos, empleadores y sindicatos de 187 Estados, entre ellos Argentina. Ahora le corresponde a los países ratificar el texto para que se vuelva obligatorio en tanto que se acordó que la convención comience a regir un año después de la ratificación por al menos dos Estados.

La adopción de la convención es el resultado de un largo proceso iniciado en 2015 por la OIT, pero "el impulso y la importancia del proceso se acentuaron debido a la campaña #MeToo", dijo a la prensa el director general de la OIT, Guy Ryder. Este movimiento nació en 2017 tras la caída del ex productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, quien fue acusado de abusos sexuales que van de hostigamiento a violación por más de 80 mujeres, entre ellas estrellas como Angelina Jolie o Ashley Judd.

La Convención se aplica a la violencia y al hostigamiento en el mundo del trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando sirven de lugares de trabajo, y también durante los trayectos entre domicilio y el lugar de trabajo, así como en las comunicaciones electrónicas. Además, reconoce también que la violencia y el hostigamiento "afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas" al tiempo que subraya que "otras personas que pertenecen a uno o varios grupos vulnerables" también están afectadas sin precisar cuales. Como siempre puede suceder en ámbitos de tan diversa participación, hay puntos en discusión que no logran consensos totales: Alana Matheson, representante de los empleadores en la comisión elaboró la convención, subrayó que el grupo estaba "decepcionado" por esta ausencia de referencia a los LGBTI. Pero esta proposición no era del gusto de algunos países africanos, según una fuente cercana a las negociaciones.

Tras ese importante paso en el ámbito de la OIT, ahora es necesario que dos países ratifiquen la Convención para que entre en vigor. El texto solo obliga a los países que lo ratifiquen. Los que lo hagan deberán adoptar políticas de sensibilización y una legislación tendiente a "prohibir" la violencia y el hostigamiento en el trabajo y establecer mecanismos de control y sanciones.

La legislación debe también garantizar que cualquier trabajador tenga derecho a apartarse de una situación donde haya motivos razonables de pensar que hay "un peligro inminente y grave para su vida, su salud o su seguridad, a causa de la violencia y el hostigamiento, sin sufrir represalias". Sin olvidar a nadie, la convención adopta un ángulo que amplía la protección a todos los trabajadores, sea cual sea su estatuto contractual.

Por otra parte, el Grupo del Banco Mundial y la Iniciativa de Investigación sobre Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés) otorgaron recientemente US $ 1,1 millones a 11 equipos de investigación de todo el mundo por innovaciones para prevenir y responder a la violencia de género. Uno de ellos focaliza su acción en Perú con la consigna de ayudar a 

llenar una brecha de evidencia sobre cómo las empresas pueden evaluar los impactos y las consecuencias de sus acciones para reducir la violencia. 

El proyecto en Perú, que cuenta con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, busca generar información "valiosa" sobre cómo los empleadores, que tienen un papel clave que desempeñar en este asunto, pueden prevenir la violencia de género.