Más estado menos mercado es la consigna que, tensiones mediante, se impone por estos días en una Argentina que se inclina a una creciente regulación de sus actividades económicas. Ante el fracaso de la política destinada a enfriar la inflación, que no parece ser más que un par de programas de precios cuidados o máximos, el Gobierno nacional echa mano con cierta desesperación a cuánto recurso tenga a mano por más que el fracaso sea el único resultado posible. Ahora la secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, estableció el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) con el objetivo de transparentar la cadena de comercialización de bienes en el mercado interno.
Como se publicó en el Boletín Oficial, el espíritu del SIPRE es obtener información para evitar desequilibrios en la cadena de comercialización entre los distintos eslabones que la componen y prevenir faltantes de productos e incrementos injustificados de precios que afectan la economía de los hogares argentinos. A través de este sistema, las empresas deberán informar mensualmente, bajo declaración jurada, los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible, lo cual será reservada y confidencial.
Según la normativa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos. En concreto deberán aportar esta información aquellas compañías del sector de la construcción que facturen más de $965 millones por año; las del sector comercio que facturen más de $2.602 millones por año; y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor a $2.540 millones anuales.
El SIPRE, que comienza a cosechar rechazos por parte de las entidades empresarias, tiene como objetivo dotar al Estado Nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior para disponer de un sistema de alertas tempranas ante los faltantes de mercadería que puedan producirse y actuar de manera coordinada para evitar escasez de ofertas de productos e insumos. También permitirá optimizar la planificación de políticas públicas dirigidas al mercado interno con el fin de generar incentivos específicos y focalizados para los sectores económicos. En definitiva, se afirma que la premisa es fortalecer el mercado interno y proteger el derecho de las y los consumidores.
De acuerdo a la disposición, la primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior. En todos los casos, se podrán realizar rectificaciones de lo informado en los cinco días siguientes al cierre correspondiente (11 al 15 de cada mes).
Las compañías deberán cumplir con esta exigencia porque, caso contrario, serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aclararon que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque "no deberán informar a quién/es le/s venden". Mientras desde las empresas consideran que la medida constituye una intromisión a su libertad de definir la estrategia de mercado, desde el gobierno descartaron que se trate de un ataque a los márgenes de rentabilidad.
Las reacciones no se hicieron esperar desde los ámbitos empresarios, que evalúan de qué manera frenar lo que consideran un avance sobre la propiedad privada y podría ser una primera medida de otras que impliquen, incluso, la estatización de algunas compañías. Por caso, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) analiza cuestionar la nueva medida ante la Justicia por inconstitucional pues entiende que avanza sobre el derecho de propiedad y la iniciativa privada, lo que desalentará la inversión. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) también se pronunció con tono crítico en relación al SIPRE, no solo porque se presenta como una amenaza para los principios de libertad económica y de la propiedad privada sino también porque es un mayor costo, improductivo, para las compañías que tienen que disponer recursos humanos para elaborar informes para diferentes oficinas públicas.
Está más que claro que cuando cae la inversión se reduce la capacidad de una economía de generar empleo y con eso recursos para bajar la pobreza. Una nueva regulación, entonces, es observada como una mayor carga burocrática que enturbia el clima de negocios. No es lo que le hace falta a la Argentina, precisamente.