En la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada en Denver, Estados Unidos, nuestro país volvió a cobrar protagonismo al ser ubicado dentro del grupo de aquellos que tienen gobiernos que "buscan acallar la disidencia y establecer una hegemonía comunicacional".
El informe referido a la Argentina, a cargo del director del diario "La Gaceta" de Tucumán, sostuvo que "el último semestre estuvo poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional", añadiendo además que "el boicot publicitario contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes de todos los recibidos en las últimas décadas", el cual va mucho más allá de la publicidad oficial, cuya restricción existe muy fuertemente, sino también alcanzando ese cepo publicitario a empresas privadas que son prohibidas de publicitar precios de sus artículos de venta, según una insólita disposición de la Secretaría de Comercio.
Estas disposiciones hicieron caer la publicidad en el referido lapso en un 75% en 50 rubros que periódicamente hacían publicidad y han dejado de hacerlo, significando enormes caídas de ingresos en los medios afectados, mientras que otros en cambio se ven beneficiados con un fuerte aporte publicitario que se hace desde el gobierno para sostenerlos, a pesar de su reducida penetración.
También hubo alusiones a la Ley de Medios, sosteniéndose que "a cuatro años de su sanción, el escenario mediático dista mucho del que pregonaban sus promotores, observándose una pronunciada colonización de medios por parte del gobierno, la multiplicación de nuevas licencias para actores estatales, ya que así fueron el 96 por ciento de las otorgadas, además del fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma".
Destaca además el informe leído en la SIP que "la ley de medios afecta la libertad de expresión al restringir el funcionamiento, sin justificación técnica, de medios que no usan espectro radioeléctrico, lo que implica censura en los términos del Pacto de San José de Costa Rica", añadiendo luego que toda esta situación "genera discriminación entre distintos operadores, favorece el control de los medios por empresas contratistas del Estado, privilegia la cobertura de las voces estatales en desmedro de las restantes y compromete la sustentabilidad de los medios privados y, por ende, su independencia periodística".
Se cuestionó también enfáticamente la falta de una ley de acceso a la información pública y el proyecto de legisladores oficialistas para expropiar acciones de Papel Prensa, lo cual en caso de concretarse le otorgaría al Estado la posibilidad controlar la compañía y por lo tanto a los medios gráficos que necesitan de ese indispensable insumo para sus publicaciones. Sin dejarse de puntualizar una sucesión de ataques que sufrieron periodistas argentinos durante la cobertura de determinados eventos de fuerte contenido político.
Otro de los países que recibió duras críticas fue Cuba, el de mayor continuidad a través del tiempo en cuanto a los rígidos controles sobre la prensa, sobre el cual se dijo "fue exportando diversas formas de censura, bloqueando los derechos civiles y todas las prácticas de protesta y rebeldía en la sociedad cubana". Pero también hubo una clara fustigación hacia los Estados Unidos, donde diversas maneras de espionaje sobre prácticas periodísticas comprometieron seriamente el posicionamiento de ese país.
Además, integraron el grupo de los países criticados por las restricciones que tiene la prensa en todas sus expresiones, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde se aplican metodologías de control muy severas.
En cuanto a la prensa latinoamericana, sobre cuyo ámbito integral tiene jurisdicción la SIP, esta primera mitad de 2013 fue calificado como "el semestre negro", ya que durante ese breve lapso ocurrieron los asesinatos de 14 periodistas, cuyas muertes se produjeron por la intervención de diferentes mafias que operan en la región, citándose que existe "un plan de demolición de las estructuras democráticas arropado en retóricas atractivas y mesiánicas".