En la semana que termina el Congreso ingresó a la historia porque sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, concretaron sus primeras sesiones virtuales de la historia parlamentaria argentina, superando desafíos de coordinación, legales y tecnológicos que suponen llevar a cabo una empresa de estas características. Los tiempos de pandemia obligan a mantener un aislamiento obligatorio y una distancia social que no dejaron más remedio a los legisladores que celebrar telesesiones, como hace tiempo ya instrumentaron el Concejo Municipal de Rafaela o las cámaras legislativas de la Provincia de Santa Fe. 

Teniendo en cuenta que, en el marco de una república en la que rige el sistema de división de poderes, el funcionamiento del Congreso debe estar garantizado más aún cuando, por la dinámica de la emergencia sanitaria, el Ejecutivo Nacional acumula mayores facultades para maniobrar en la crisis, con los peligros institucionales que eso conlleva debido a la concentración de poder que significa y la posibilidad de un desequilibrio que erosione la calidad de la democracia. Desde los sectores de la oposición han reclamado insistentemente en la necesidad de asegurar la labor parlamentaria pese a la cuarentena y se ha cuestionado severamente un supuesto desinterés y apatía de las máximas autoridades de ambas cámaras del Congreso en virtualizar la actividad de diputados y senadores. A modo de atenuante que opera a favor del oficialismo, hay que puntualizar que el año pasado el parlamento argentino trabajó muy poco porque los legisladores estaban concentrados en las campañas electorales, tanto la nacional como en las provincias. En ese momento, en una preocupante actitud corporativa, casi nadie advertía sobre la paralización legislativa, ni oficialistas y opositores.  

La realización de videosesiones es un paso positivo en la actual coyuntura, más allá de que exige un mayor esfuerzo desde la coordinación para ordenar el debate y vencer los problemas de conectividad que suelen reiterarse en un país que no es del primer mundo, precisamente. De todas formas, existe la sensación de que el Congreso durmió la siesta y se tomó más tiempo del necesario para avanzar con las sesiones virtuales. 

En este contexto, una encuesta de la consultora Analogías reveló que para una gran mayoría de la gente es "importante para el país" que funcione el Congreso durante esta emergencia. De acuerdo al relevamiento, un 54,6% de los consultados respondió que consideran "muy importante" que el parlamento desarrollo sus actividades, en tanto que un 23,4% piensa que es "bastante importante". Solo un 10,5% lo considera "poco importante", un 3,8% piensa de manera totalmente negativa: "nada importante" mientras que un 7,5% no sabe.

Otra respuesta positiva que mostró el relevamiento fue ante la pregunta de si está informado sobre los preparativos del Congreso de la Nación para sesionar de manera virtual. El 55% respondió afirmativamente, mientras que el restante 45% dijo no estar informado. Más divididos estuvieron los encuestados ante la pregunta sobre si la oposición está colaborando con el Presidente de la Nación en esta coyuntura. El 46,7% piensa que sí (el 28,4% bastante, el 18,3 mucho). Para el 31,9%, la oposición está colaborando poco, en tanto que el 11,9% piensa que no colabora nada. Por último, el 0,6% no sabe.

La falta de actividad formal de los parlamentarios generó una polémica en la que no solo comprendió a la política sino también a organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que hacen de su existencia la calidad de la democracia y como mejorarla. En este marco, en lo que es la Semana Internacional del Gobierno Abierto, distintas entidades firmaron una carta dirigida a todos los niveles de gobierno y a los Poderes legislativo y judicial, partiendo de la base que la pandemia de Covid-19 significa el desafío más importante que hayamos enfrentado en varias décadas, tanto a nivel global como regional y local.

En el documento plantearon que la colaboración es necesaria para pensar estratégicamente acciones deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa, de cara a la ciudadanía que espera respuestas y que también tiene saberes para aportar".  Ante este escenario, subrayaron que los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte necesaria de la solución y como una vía para brindar respuestas ágiles en el proceso de respuesta a la pandemia. Esto implica garantizar la apertura en datos abiertos y accesibles de toda la información atinente a las medidas sanitarias, el uso y distribución de los recursos públicos, las compras públicas realizadas, los programas destinados a proteger a los grupos más vulnerabilizados, entre otros aspectos.

En la carta enfatizaron que es imprescindible promover el pleno funcionamiento -por vías remotas de ser necesario- de todas las instituciones públicas, especialmente de los órganos deliberativos como el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, y de los poderes judiciales de la nación y de las provincias.