Nuevamente el costo de la política quedó en el centro de la escena con un informe que revela la escasa propensión a la labor parlamentaria por parte de los diputados y senadores nacionales de la Argentina. El año electoral, las dificultades extremas para que oficialismo y oposición puedan generar acuerdos mínimos, más las tensiones en los propios bloques por el armado de candidaturas y listas, se presentan como las razones centrales para tan escasa producción legislativa en lo que va de este 2019.

En el primer semestre, el Congreso sancionó la menor cantidad de leyes desde 2012, en un lapso en el que la Cámara de Diputados realizó apenas cinco sesiones y el Senado, tan solo cuatro. Apenas se aprobaron nueve normas, y se espera que el año termine con una de las marcas más bajas de la década. Paradójicamente, el récord de leyes sancionadas en los primeros seis meses de un año se registró en el 2015, que también fue un año electoral según apunta la revista especializada Parlamentario en base a un reporte de Fundación Directorio Legislativo. 

El promedio de leyes sancionadas en los últimos ocho años fue de 22, es decir que 2019 quedó muy por debajo de esa medida. Se realizaron tan solo nueve sesiones, de las cuales dos fueron informativas, con la visita del jefe de Gabinete. En conclusión, solo siete sesiones estuvieron destinadas a tratar proyectos. ¿Qué leyes se sancionaron este año? En el Senado, tuvieron sanción definitiva la ley para prevenir el acoso callejero hacia las mujeres; la de economía del conocimiento, que incluye beneficios impositivos para el software y otras industrias; la que instituye la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en las escuelas; y la que declara la emergencia económica para la producción de cítricos en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

En Diputados, en tanto, se sancionó la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; otra sobre competencia judicial en los casos de narcomenudeo; y la prórroga por un año de la emergencia económica para la producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. También se convirtieron en ley la creación de un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas; y un convenio entre el Ministerio del Interior y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa.

El detalle del informe de Fundación Directorio Legislativo muestra que más de la mitad de las leyes sancionadas surgió del Poder Legislativo (55,5%), mientras que el 44,4% restante tuvo su origen en el Ejecutivo. De las leyes propuestas por legisladores, el 40% fueron motivadas desde la oposición, y el 20%, por el oficialismo. En tanto que el 40% restante surgió de un consenso entre ambas facciones.

Si bien en lo que va de 2019 se sancionaron menos leyes que en el mismo período de 2015 -último año de elecciones ejecutivas-, en ambos años se realizó la misma cantidad de sesiones en el primer semestre: nueve. En 2016 se produjo el pico más alto, con 19 sesiones. El promedio de la primera parte del año es de 14 sesiones.

Excepto que ocurrieran hechos extraordinarios, no hay razones para pensar que el parate legislativo no vaya a continuar, más aún conforme se vayan acercando en el calendario las fechas para la realización de las PASO, primero (11 de agosto) y de la elección presidencial, después (27 de octubre). La ausencia de mayoría que tiene Cambiemos en la cámara baja ha obligado al bloque oficialista, desde el primer día de la gestión de la administración Macri, a consensuar la agenda parlamentaria con la oposición, para que los proyectos que llegaran al recinto tuvieran posibilidad de ser sancionados.

En el marco de la campaña para las PASO del 11 de agosto, la posibilidad de arribar a consensos para sancionar leyes impulsadas por el oficialismo parece improbable a esta altura.

Ahora bien, esta muy baja productividad laboral de los legisladores argentinos se contrapone con el altísimo costo que le sale a los contribuyentes mantener un Congreso holgazán. La definición común de "atorrante" hace referencia a la persona que evita el trabajo por comodidad. Y la de "vago" es aquel que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. Desde esta perspectiva bien se podría concluir que, en función de la reducida cantidad de sesiones y la aprobación de leyes, en el parlamento argentino abundan los atorrantes y los vagos. 

La otra discusión es el costo, altísimo, de diputados y senadores nacionales. "Acá el contribuyente vota a un senador y le paga el sueldo para que legisle. Y los legisladores terminan nombrando asesores, en algunos casos familiares, cuyos sueldos también están a cargo del contribuyente", cuestiona el economista Roberto Cachanosky. "Es evidente que la política se ha transformado en un negocio personal", se lamentó.