En materia de políticas públicas de asistencia social, la Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplió el pasado martes 29 de octubre instalada como una herramienta clave para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El beneficio alcanza a niños o adolescentes hasta los 18 años cuya madre o padre estén desocupados, o bien sean trabajador no registrado (sin aportes), del servicio doméstico, monotributista social o inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.
En la actualidad, el monto de esta transferencia directa de recursos del Estado a sectores que no tienen trabajo formal que beneficia a 3,9 millones de personas ronda los 2.100 pesos en mano por mes y los 6.900, en caso de discapacidad. De todos modos, especialistas de UNICEF Argentina estiman que hay 1,2 millones de chicos -muy necesitados- que no reciben nada.
Reconocida por todo el arco político y organizaciones locales e internacionales como "un derecho" que tiene como desafío universalizar su cobertura, la AUH fue el resultado de un proceso de debate colectivo que comprendió toda la sociedad y en el que se dejó en claro que no se trata de una 'plan social' sino de un derecho que, así como lo reciben los hijos de los trabajadores formales, debían recibirlo el resto. Según Fernanda Reyes, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSeS, se trata de una transferencia directa, sin intermediarios ni discrecionalidad. En declaraciones a la agencia Télam, la funcionaria afirmó que después de tantos años se pudo derribar varios mitos como que las mujeres 'se embarazan para tener un plan o que tienen muchos hijos'. En tal sentido, de acuerdo a los datos de ANSeS, las familias que perciben la AUH tienen un promedio similar de hijos que aquellas que cobran mediante el régimen de asignaciones familiares en trabajos en blanco: el promedio de las primeras es 1,78 y el de las segundas es 1,64.
De los 13 millones de niños y adolescentes que habitan el país, unos 9,5 millones son alcanzados por alguna cobertura que brinda el Estado nacional. Unos 3,9 millones por la AUH; 4,6 millones por asignación familiar y un millón deduce de ganancia; el resto puede que reciba alguna cobertura provincial o local, explicó Reyes. Sin embargo, Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social de UNICEF Argentina, estimó que 1,2 millones de chicos no reciben nada y son precisamente los que tienen peores situaciones de vulnerabilidad: viven alejados, no tienen DNI, no se encuentran al cuidado de sus padres y son hijos de migrantes con menos de tres años de residencia.
En ese contexto, el experto consideró que el primer desafío de la AUH es lograr la universalidad de la cobertura; también habría que revisar lo punitivo de las condiciones que se exigen, es decir, hoy para sostenerla hay que presentar controles de salud y libreta escolar y sino se retira, eso explica por qué entran y salen beneficiarios todo el tiempo.
Waisgrais añadió que esas condiciones, que buscan ser un incentivo, terminan penalizando; por ejemplo, hay 500.000 adolescentes fuera del sistema educativo, pero es el Estado el que debería salir al encuentro de cada niño, ver cuál es su situación y garantizar su acceso a la salud, a la escuela, en caso de que no lo tenga, en lugar de sacar la cobertura.
En este escenario, Waisgrais reconoció de la actual gestión del gobierno nacional que ha tenido políticas para ampliar la cobertura de este derecho, tanto la incorporación de los hijos de monotributistas como otras medidas lograron incorporar desde 2016 a casi 400.000 nuevos chicos.
Por su parte, Ianina Tuñon, investigadora responsable del "Barómetro de la Deuda Social de la Infancia" de la UCA, planteó que al tratarse de una transferencia económica directa, su impacto comenzó a verse inmediatamente en 2010; en efecto, durante muchos años mantuvo estable la indigencia y la inseguridad alimentaria severa. Sin embargo, la investigadora describió que ese impacto se detuvo en el último período interanual (2017-2018) donde no sólo aumentó la indigencia en la infancia en 3,3 puntos porcentuales, según el último reporte oficial (INDEC, 2018 y 2019), sino que otros indicadores directos de pobreza extrema como la inseguridad alimentaria también registraron un incremento muy significativo.
En un país en el que crisis derivó en un aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia, la AUH se torna indispensable a la vez que la inflación obliga a encontrar un mecanismo de actualización de los montos del beneficio para que efectivamente cumpla su función de garantizar un derecho a los niños. Mientras sea necesaria, esta herramienta debe funcionar bien aunque lo ideal sería que no exista o bien que apenas sea un programa marginal -y no troncal como ahora en materia de políticas sociales-, pues significaría que el país alcanzó un grado óptimo de desarrollo y justicia social.