Si hace menos de un año la opinión pública y buena parte de la prensa local se alzó en una misma voz repudiando la decisión del Gobierno Nacional de trasladar a un número importante de gendarmes que se desempeñaban en el escuadrón Rafaela, la medida similar tomada por el Gobierno Provincial respecto a los policías no puede dejar de recibir el mismo rechazo.

A pesar de que hace varias semanas se viene insistiendo en torno al tema, aún no se han recibido respuestas oficiales de parte de la Provincia y resulta necesario que se brinde una explicación acerca de los fundamentos de esta política que afecta no sólo a la Unidad Regional V de Policía, sino también a otras jurisdicciones.

Esta semana, quien salió a fijar decididamente su postura fue el propio intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien dedicó buena parte de su discurso de apertura de sesiones a expresar el malestar que este tipo de actitudes del Gobierno genera.

A diferencia de los dos años anteriores, esta vez las palabras del intendente parecieron mostrar un tono más enérgico al momento de referirse a la gestión de Antonio Bonfatti, con quien guarda todavía una relación de "diálogo" más allá de este tipo de contrapuntos.  

Castellano recordó que en diciembre de 2013, y ante la convocatoria del Gobernador a todas las fuerzas políticas e institucionales de la provincia, "no dudaron" en asistir a el encuentro en Casa de Gobierno para brindar acompañamiento y apoyo ante la crisis desatada por la huelga policial. "Y lo volveríamos a hacer", señaló. 

Al mismo tiempo manifestó su preocupación por el traslado de efectivos de la Unidad Regional V hacia Rosario. "Comprendemos la gravedad de la situación que se vive en aquella ciudad, pero recordamos que Rafaela viene reclamando que se incorporen por lo menos 150 nuevos efectivos a la Unidad Regional V de Policía", señaló. Esta demanda generó el primer aplauso entre los asistentes a la apertura de sesiones, como una señal de la disconformidad existente.

El intendente recordó que hace más de un año se recibió la promesa del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, efectuada públicamente ante los integrantes el Consejo Consultivo y el Consejo de Seguridad y vecinos autoconvocados, sobre la designación de 30 empleados administrativos que permitirían que agentes que cumplen tales funciones sean puestos en condiciones de trabajar en comisarías y dependencias operativas. "Pese a ser una respuesta insuficiente, ese personal nunca llegó", cuestionó.

"Por el contrario, el traslado de efectivos es una muy mala señal, que nos preocupa más aún porque nunca fuimos notificados sobre las características de estos traslados", agregó Castellano. En este sentido, en la ciudad se desconoce si tal medida tendrá un plazo o si será de manera definitiva. Tampoco se conoce con certeza a cuántos efectivos involucra y si con el correr del tiempo se irán incrementando.

"Así como esperamos que el Gobierno nacional le dé continuidad al proceso de reintegrar a los gendarmes trasladados desde el Escuadrón Vial de Rafaela hacia la provincia de Buenos Aires, también aguardamos alguna explicación sobre los traslados de policías directamente involucrados en la cobertura de seguridad en Rafaela para prestar servicios en Rosario", puntualizó Castellano.

Cabe recordar que el intendente de Rafaela no fue el único que salió a plantear la indignación por esta decisión. Hace unas semanas, el intendente de la ciudad de Ceres, Camilo Busquets, había hecho público su malestar por el traslado de personal policial que trabaja en su distrito.

El Intendente ceresino había considerado que con esta política "se desprotege a buena cantidad de poblaciones a lo largo y ancho del territorio santafesino". "A muchos presidentes comunales, como en mi caso, no nos hace ninguna gracia que, al igual que lo que sucede en Rafaela, nos saquen gente. Porque los policías para cubrir todo el departamento Castellanos son pocos, y si todavía nos sacan buena parte de ellos es fácil saber en qué situación de desprotección nos vamos e encontrar", había señalado.

El tema llegó incluso a las discusiones de la Legislatura. El diputado Roberto Mirabella presentó un proyecto de comunicación donde hace mención a la "gran preocupación de los dirigentes de las ciudades de Ceres, San Cristóbal y Rafaela".

“Durante el año 2013 la Cámara de Diputados sancionó una serie de leyes, que le permiten al Ejecutivo provincial contar con las herramientas para combatir la inseguridad. Es por ello que consideramos que no es la solución dejar desprotegidas las principales ciudades de los departamentos antes señalados para reforzar Rosario”, criticó Mirabella en su proyecto.

Tras estos pronunciamientos, es momento que ahora sea el Gobierno el que salga a hablar y, principalmente, corrija una decisión que desconoce los problemas de inseguridad de la región y carece de todo criterio de justicia hacia las poblaciones más pequeñas.