Finalmente el Gobierno argentino tendrá que desmantelar el sistema de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación que, en la práctica, instaló trabas a las importaciones. Es que el Organismo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificó el fallo de primera instancia, emitido por un panel del órgano de solución de conflictos de la misma entidad, en el que estableció que la Argentina viola las reglas del derecho internacional con sus mecanismos de control de importaciones. 

Las medidas aduaneras implementadas por la administración de Cristina Fernández de Kirchner para regular las importaciones y evitar la salida masiva de dólares, en un contexto de crisis del mercado de cambios y de escasez de la moneda estadounidense, habían cosechado las primeras críticas en el país por parte de las empresas importadoras. Pero también generó malestar en el exterior que se tradujo en una denuncia impulsada por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ante la propia OMC. 

La UE, Estados Unidos y Japón presentaron reclamos en contra de la Argentina entre mayo y agosto de 2012, por lo que ellos consideraban un uso abusivo de las licencias no automáticas para la importación (LNA), que ya le había generado al gobierno argentino una seguidilla de conflictos comerciales con Brasil desde 2008. Después, otros países como Australia, Canadá, China, Ecuador, la India, Israel, Noruega y Suiza habían adherido al planteo en condición de "terceros afectados" por las barreras aduaneras de la Argentina.

Tras la revisión del caso, un panel del organismo internacional había dictaminado el pasado 22 de agosto que las restricciones aduaneras que el gobierno viene usando en los últimos años para limitar las importaciones son "incompatibles" con la normativa del organismo. No obstante, el gobierno nacional había apelado en septiembre último el fallo pero ahora el tribunal de Apelaciones de la OMC informó que "Buenos Aires tiene que cumplir con las reglas del comercio internacional".

Lo preocupante es que esta nueva resolución reabre la posibilidad de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón limiten las importaciones procedentes de la Argentina a modo de represalia si el país no acata la decisión tras perder el juicio.

De todos modos, en el Gobierno minimizaron los alcances del fallo. El secretario de Comercio, Augusto Costa, señaló que la decisión "no tiene ningún tipo de implicancia práctica en lo inmediato, ni en el sistema ni en el comercio exterior". En esta línea, aseveró que más allá del fallo se abre un período de negociación bilateral, que podría insumir entre 45 y 60 días, entre los países que demandan y el que es demandado. 

El funcionario ratificó que las declaraciones juradas vigentes "son perfectamente consistentes con las normas de la OMC" y consignó que "como el argentino, hubo quinientos casos en la historia del organismo y ningún país demandado tuvo que modificar todo su régimen de comercio exterior ni tampoco fue objeto de guerras comerciales". 

También deslizó que la instrumentación de las recomendaciones contempladas en el fallo no necesariamente significa que se deban modificar o eliminar las medidas que desencadenaron el litigio, pues Argentina puede ofrecer compensaciones en otros aspectos del régimen de comercio exterior. 

Más allá de la lectura que hizo Costa, tanto Estados Unidos como la Unión Europea celebraron el fallo de la OMC. En un comunicado, la Unión Europea sostuvo que "Argentina no debería continuar requiriendo a las empresas extranjeras limitar sus importaciones, compensar el valor de sus importaciones con exportaciones equivalentes, invertir en el país y mantener allí sus beneficios, o usar una cierta cantidad de contenido argentino en sus productos".

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, manifestó a través de un comunicado que "las medidas proteccionistas de Argentina impactan sobre un amplio segmento de exportaciones estadounidenses, afectando un potencial de miles de millones de dólares al año en exportaciones de Estados Unidos que son la base de empleos de alta calidad para estadounidenses de clase media".

En el plano interno, el titular de la Cámara de Exportadores de la Argentina (CERA), Enrique Mantilla, expresó que el país debe "aceptar" la decisión de la OMC y adecuar a las normas de ese organismo "las medidas que afectan las importaciones". El empresario advirtió que Argentina deberá "solicitar un plazo razonable para implementar las recomendaciones de la OMC y de esa manera evitar medidas contra nuestras exportaciones en los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón".