En el intento de reforma laboral por parte del gobierno nacional, la cual parece haber sido dejada de lado por la fuerte resistencia de parte de los gremios y de la CGT como ente orgánico de los mismos, uno de los objetivos que se planteaba era arremeter con todo contra el trabajo no registrado, es decir, en negro. Es que el mismo viene siendo muy alto desde hace muchos años, dando la sensación que quedó en más del 30% de manera estable, confluyendo muchísimos factores para que sea de esa manera.

Por un lado la falta de trabajo, que hace que cuando aparezca una oportunidad laboral se trate de aprovechar cualquiera sean las condiciones, también la fuerte presión impositiva existente, la latente posibilidad de los juicios laborales que significan altísimos costos empresarios, conformando todo ello un gran riesgo para la incorporación formal de los nuevos trabajadores. Sin desechar tampoco el aprovechamiento de un sector de empresarios que se aprovechan de la situación para incorporar mano de obra más barata, casi sin costo adicional en cuanto a previsión y obras sociales. 

En contrapartida, esta masa laboral en negro, al margen de la formalidad, impacta negativamente no sólo en los mismos trabajadores -que ganan mucho menos que los que están en blanco-, sino también en los aportes de previsión social, que están muy lejos de poder cubrir lo que se requiere para afrontar el pago de los haberes jubilatorios.

Respecto a la desventaja de los trabajadores en negro, de acuerdo con un informe conocido recientemente, la mitad de quienes se encuentran en esa situación gana menos de 6.000 pesos mensuales, siendo en total unos 2,5 millones de personas. Subiendo algunos peldaños en la pirámide salarial, el 80% de los informales, que serían unos 4 millones de personas, percibe como retribución 10.000 pesos mensuales.

Todos estos datos figuran en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, quedando claramente plasmado que la mayor parte de los trabajadores en estas condiciones precarias perciben muy bajos sueldos, pues en muchos casos realizan changas o jornadas de pocas horas, y cuando lo hacen a jornada completa sus salarios están muy por debajo de quienes están debidamente regularizados, son ingresos que rondan unos 15.000 pesos mensuales.

Un dato muy preciso establece que mientras los asalariados registrados ganaron 17.184 pesos mensuales, los no inscriptos apenas redondearon de promedio 7.991 pesos, es decir, un 54 por ciento menos. Una diferencia excesivamente amplia sin dudas.

Pero también se supo según estos datos oficiales, que el 34% de los trabajadores asalariados no tienen descuentos jubilatorios, lo cual explica que unos 5 millones de ellos no cuenta con la cobertura de seguridad social, ni tampoco obra social ni beneficios laborales y sociales de ninguna clase. Es decir, están en desventaja absoluto con los que trabajan dentro del régimen regular.

Hace un año el trabajo en negro estaba en el orden del 33,8%, incluso dándose una suba dentro de un marco de mayor actividad laboral en vista de haber una suba de 338.000 empleos más respecto al tercer trimestre de 2016, suma que se conformó con el aporte de 216.000 empleos registrados y 122.000 informales.

En cuanto al análisis que sobre este tema hizo la consultora Ecolatina, sostiene que "entre los aspectos negativos del comportamiento del mercado laboral se destacan que la tasa de desocupación bajó sólo 0,2 puntos porcentuales (respecto del tercer trimestre de 2016), el empleo formal creció 2% y la subocupación demandante (personas que trabajan sólo 35 horas semanales y desean trabajar más horas), trepó 14,7%".

De acuerdo con datos oficiales, sobre una población urbana de casi 39,7 millones de personas hay 16,7 millones ocupadas, de las que 1,9 millón son subocupadas y 15 millón desocupadas. La población activa urbana llega a 18,1 millones de personas.

Se esperaba que el blanqueo laboral que estaba proyectado y ahora no se sabe a ciencia cierta su destino, hubiese blanqueado a unos 200.000 trabajadores.