La discrecionalidad de la política tuvo y todavía tiene la capacidad de "hacer entrar" al cualquier nivel del Estado a una persona "a dedo". Por familiaridad, por amiguismo, por clientelismo político, por el pago de favores de campaña hacia la militancia o alguna otra causa se ha favorecido a unos en detrimento de otros para desempeñarse en la administración pública. 

No hace tantos años Rafaela dio la nota al aprobar un proyecto impulsado por el entonces concejal, Jorge Maina -con el respaldo del bloque del justicialismo- para restringir el ingreso a la Municipalidad de familiares de funcionarios. El objetivo de aquella iniciativa, que fue aprobada y tiene plena vigencia, fue dar mayor transparencia a la gestión del Municipio, otorgando objetividad en la selección de personal y manteniendo la igualdad de los ciudadanos para competir por un puesto en el Estado local.

En los fundamentos se insistía en que la implementación de la ordenanza tiene como ventaja impedir que la ciudadanía, en condiciones de idoneidad para acceder a cargos públicos se encuentre en desventaja de quienes mantienen un grado de parentesco con los encargados de gestionar las cuestiones públicas.

Si bien esta muy buena idea ganó incluso amplio espacio en los principales medios de comunicación del país, no generó un efecto contagio esperado. Hubo elogios pero no tantos municipios, provincias siguieron el mismo camino. Por ejemplo en el plano de las instituciones no deja de molestar decisiones de la Provincia de Santa Fe cuando efectúa el corrimiento de funcionarios que ubican a quien estaba a cargo del área de lechería al frente de un Ministerio de Obras Públicas y a quien dirigía Vialidad en la secretaría que atiende a los productores e industriales lácteos. Las decisiones se fundamentan quizás en la confianza y en no dejar a nadie en la calle -como también puede ocurrir en el gabinete municipal de Rafaela- pero se pone en duda la idoneidad de los funcionarios en las áreas donde son designados. Tardan un año en "aprender" las particularidades de la función, un lujo que los ciudadanos y las empresas que pagan impuestos no pueden darse. Es como pagar a un funcionario una beca para que estudie un año y trabaje tres de los cuatro años que suele extenderse un cargo político. 

En este marco, el Gobierno nacional dispuso que los organismos del Estado nacional se abstengan de dictar normas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco. Asimismo, las autoridades nacionales deberán abstenerse de incurrir en prácticas, políticas o procedimientos que permitan, faciliten, promuevan o fomenten tales privilegios o preferencias para el acceso a dichos cargos y empleos.

Así lo dispuso el presidente Mauricio Macri a través de un decreto que firmó junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que publicó el pasado jueves el Boletín Oficial. También se deberá disponer "la inmediata derogación de las normas internas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco, y que permitan, faciliten, promuevan o fomenten tales privilegios o preferencias para el acceso a dichos cargos y empleos".

La norma involucra a toda la administración central del Estado y a los organismos descentralizados, lo que incluye las instituciones de la seguridad social. También regirá para empresas y sociedades del Estado que abarca, incluidas, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria y las Sociedades de Economía Mixta.

De igual modo, tendrán que cumplir con el decreto los entes públicos que incluyen a "cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones".

La medida del Gobierno nacional es un paso adelante para evitar que al Estado ingresen los familiares y los amigos de un funcionario que quizás no tienen la mejor preparación para cumplir con las tareas -si las tuviere- de un puesto determinado. De todos modos, resta mucho por hacer en materia de transparencia de los mecanismos de selección del personal para ingresar a cualquier poder del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial. 

Alguna vez se ha abordado en estas editoriales el caso de los legisladores de todos los niveles, aunque hay que exceptuar en este caso al Concejo Municipal de Rafaela porque quien conoce su funcionamiento puede dar cuenta de que no tiene empleados "de más". Pero la Legislatura provincial es otra cosa, la facilidad con que los legisladores designan colaboradores y miembros de su equipo de trabajo es llamativa. Algún funcionario militante que pierde un cargo muchas veces es "salvado" por otro que le regala una designación por la que cobra varios miles de pesos sin tener demasiado control ni productividad. Es el viejo y no querido costo de la política. Una deuda, entre otros, de los legisladores nacionales pero también provinciales, esos que a veces cruzamos en nuestras calles.