De acuerdo con estimaciones, más de dos millones de trabajadores activos y unos 100.000 jubilados, se verán alcanzados por el pago del impuesto a las Ganancias, según los aumentos que se vienen acordando en las paritarias. De esa manera, una buena parte de esos incrementos salariales irán a parar a las arcas del Estado, algo que hasta hace poco tiempo estaba reservado solamente para los empleados jerárquicos de las empresas, pero que ahora se extenderá a buena parte de los asalariados, entre quienes figuran camioneros, maestros, bancarios, petroleros, siderúrgicos, petroquímicos e incluso jubilados que se exceden en sus haberes de los montos mínimos dispuestos para el Impuesto a las Ganancias.
Se genera de esta manera una situación lo suficientemente ilógica frente a la insistencia del Gobierno nacional en cuento a la distribución de la riqueza y el sostenido fogoneo que hace del consumo, ya que por una parte se insiste con mejorar los salarios, distribuir subsidios y también incrementar los haberes jubilatorios, pero por otra se le aplican impuestos cada vez a más trabajadores, que no sólo se trata de Ganancias, que alcanzará a 2,1 millón de personas, sino también que esa misma gente que ya tributa de manera significativa de sus ingresos, también aporta con el 21% del IVA tal como lo hacen todos los habitantes del país, elevándose de esa manera muy significativamente sus aportes al fisco. Lo cual, en realidad, constituye un verdadero contrasentido en cuanto a lo que se proclama y lo que en realidad se hace.
Según comenta el periodista Ismael Bermúdez, un especialista sobre temas tributarios, entendidos sostienen que "las rentas del trabajo personal deben seguir alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, dado que la renta es una de las formas de exteriorizar la capacidad de contribuir con el Estado. Los parámetros renta, patrimonio y consumo constituyen la base de todo sistema tributario y, por ende, la renta del trabajo personal no puede quedar eximida de la tributación", aunque se aclara concretamente sobre lo que sucederá en nuestro caso, que "el problema actual no es la existencia de un impuesto a la renta sobre el trabajo personal, sino su gran incidencia sobre trabajadores que no tienen capacidad para contribuir con el Estado en la medida que les exige. Así, actualmente hay una gran cantidad de trabajadores que han sido alcanzados por el impuesto a las Ganancias sólo porque no se aumentaron las deducciones personales -mínimo no imponible, cargas de familia, entre otras- y, además, hay una fuerte incidencia del impuesto sobre la renta de los trabajadores por no adecuarse los tramos de la escala del artículo 90 de la Ley".
Existen ciertos aspectos que no permiten observar una situación de justicia en la aplicación y alcance del impuesto a las Ganancias, como por ejemplo que un profesional en relación de dependencia percibe un sueldo de 15.000 pesos mensuales no deba ser afectado por este tributo, pero sí quien tenga ese mismo ingreso obtenido en forma independiente. Además, otro caso bien claro, es que no es razonable que un trabajador, casado y con dos hijos, que tenga un haber mensual de 6.665 pesos, sea alcanzado por el pago de este impuesto a las Ganancias, ya que si los mínimos y deducciones se hubiesen actualizado desde 2001 en adelante a un ritmo parecido al de la inflación, el nivel de haber mensual que debería afectarse con el pago de impuestos estaría en el orden de los 8.600 pesos.
Queda bastante claro entonces, que en realidad la discusión no debe centrarse en si los trabajadores deben pagar o no impuesto a las Ganancias, ya que sí deberían hacerlo en los casos de salarios de un monto realmente importante, pero sí en cambio debe estar focalizado el debate en el ajuste de los mínimos y cargas que se efectuaron mal estos últimos años, desoyendo los índices de la inflación real. De ocurrir de esta manera, se produciría en consecuencia una elevación del mínimo no imponible, redundando en beneficio de los trabajadores, y evitando de tal manera muchas situaciones que ahora, a todas luces, están revestidas de falta de justicia.
De todas maneras, cualquiera sea la solución a la cual se recurra, siempre terminará significando una resignación de ingresos para los fiscos nacional y provinciales, que comparten la recaudación de este impuesto".