La sequía de dólares obligó a acelerar gestiones para liberar
préstamos trabados en organismos multilaterales mientras crecen
especulaciones sobre qué medidas podría tomar la administración de
Cristina Fernández tras las elecciones del 27 de octubre para
tratar de encauzar una economía sumida en inconsistencias.
La semana fue movida y trajo buenas noticias para el objetivo
principal de llevar algo de aire a la necesidad de divisas por la
persistente fuga de capitales que lima las reservas del BCRA.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino -cruzado por
versiones de renuncia- logró destrabar fondos por 3.000 millones
de dólares del Banco Mundial -en tres años-, tras comprometer a la
Argentina a pagar 500 millones a cinco compañías que habían
iniciado juicios ante el tribunal de resolución de controversias
de Banco Mundial por la pesificación de tarifas tras la salida de
la convertibilidad.
Como complemento clave, el secretario Guillermo Moreno y el
viceministro Axel Kicillof terminaron de demoler las resistencias
de las cerealeras y las comprometieron a suscribir bonos BAADE por
500 millones de dólares.
En las próximas semanas, Moreno y Kicillof se dedicarán a
tratar de convencer a bancos para que también suscriban el BAADE,
un bono pensado para el blanqueo de capitales que ahora cambió su
objetivo.
La jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, viene
llamando a las entidades financieras para pedirles recibir dólares
de sus casas matrices o préstamos en divisas.
Así, el gobierno pudo exhibir algunos logros en materia
financiera, mientras la presidenta Cristina Kirchner se recupera
en forma satisfactoria de su operación.
La Argentina necesita obtener dólares porque las reservas del
Banco Central no paran de caer, ante la desconfianza sobre el
futuro en materia cambiaria.
En el gobierno hay preocupación porque el BCRA debe seguir
vendiendo dólares a pesar del feroz cepo impuesto a la compra de
dólares.
Una economía cada vez más irregular e incierta lleva a la
gente a desprenderse de los abundantes pesos emitidos por el
Central lo más rápido posible.
Eso explica el auge de compra de autos importados, la
contratación de paquetes para hacer turismo en el exterior, el
adelanto de importaciones y hasta el pago de seguros en el
exterior. Un banquero lo dijo amargamente: "No sea cosa que el gobierno
quiera que pongamos los dólares para financiar la fiesta de unos
pocos".
La carrera con la depreciación de los ingresos explica también
el alza de insumos para la construcción en los últimos meses, ya
que los desarrolladores están comprando todo lo que necesitan para
sus obras en forma adelantada, antes de que aumenten.
Antes de internarse, Cristina bajó una orden directa al equipo
económico: transmitir la idea de que su gobierno no hará el ajuste
que le reclaman los mercados, e impedir a toda costa que el dólar
paralelo supere los 10 pesos cuando llegue la elección del 27 de
octubre, ya que lo contrario podría representar una catástrofe
electoral.
A pesar de su discurso blindado, el gobierno sabe que el cepo
al dólar y la inflación están haciendo trizas el modelo económico
y erosionando los auxilios con cada vez menor impacto que
representan los planes sociales, pero también es consciente de que
salir de esa trampa tendría un costo enorme.
Ese deterioro de los ingresos -donde un billete de 100 pesos
rinde lo que valía unos de 20 hace cinco años-, sumado a la
inseguridad, explica que el oficialismo haya perdido millones de
votos en el conurbano bonaerense, aún en distritos históricamente
alineados como La Matanza o Lanús.
La importación de combustibles, la demanda de viajeros al
exterior y la necesidad de importaciones para mantener la economía
en funcionamiento presionan sobre la necesidad de adoptar
decisiones agrias tras los comicios del 27 de octubre.
Inflación, cepo al dólar, subsidios, crisis energética, déficit
fiscal y gasto público desbordado son algunos de los temas en
agenda.
A fines de diciembre de 2015, el gobierno que suceda a Cristina
deberá afrontar el pago de U$S 9.800 millones, y probablemente las
reservas del BCRA estén a esa altura por debajo de ese nivel.
A fines de 2015 cae el vencimiento del bono que el Tesoro
Nacional le colocó al Banco Central en 2005, para que Néstor
Kirchner saldara toda la deuda con el Fondo Monetario.
Unos días antes, el futuro presidente podría tener que cargar
con una factura cercana a US$ 5.000 millones, si en 2014 la
economía creciera el 6,2% previsto en el Presupuesto Nacional.
Esta vez, tocarían las obligaciones con acreedores privados
atadas a la evolución del PBI, que se gatillan cuando el Producto
Bruto sube más del 3,22%.
El kirchnerismo había arrancado con una deuda de U$S 150.000
millones, en los últimos diez años se pagaron U$S 173.700 millones
y, pese a todo, datos de fines del 2012 revelan que las
obligaciones pendientes suman U$S 220.000 millones.
La duda es qué medidas se pueden esperar de un gobierno que
parece dispuesto a priorizar dejar el poder sin hacer las
correcciones necesarias y dejarle una pesada herencia a su
sucesor.
En 2001, Fernando de la Rúa pagó carísima la herencia que le
dejó Carlos Menem, con un país endeudado, desocupación récord y
una convertibilidad que se había agotado varios años antes.
La pregunta que orada la piedra de la política por estas horas
es si Cristina Fernández está dispuesta a demostrar liderazgo
aplicando la medicina amarga necesaria para dejarle allanado el
camino a su sucesor.
Fue lo que hizo Eduardo Duhalde durante su precario gobierno
entre enero de 2002 y mayo de 2003, que posibilitó a Néstor
Kirchner profundizar políticas que permitieron crecer a tasas
chinas durante varios años.
La Argentina vuelve a estar frente a la encrucijada de repetir
miserias del pasado o crear la oportunidad de construir un camino
hacia el desarrollo.