Un par de semanas atrás en la vecina provincia de Córdoba comenzó a regir el sistema denominado "tolerancia cero" aplicable a los conductores de automotores que conducen luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, cualquiera sea el grado de afectación. Las multas para estos casos llegan a los 15.500 pesos, cantidad que realmente alcanza el objetivo de servir de escarmiento, continuando de tal manera una metodología muy severa y rígida que se viene aplicando en la referida provincia, y que le viene dando muy buenos resultados, ya que la cantidad de accidentes en sus rutas bajaron de forma considerable.

Es cierto que para que haya un ideal en materia de ordenamiento de tránsito se debe ofrecer un escenario adecuado, es decir, rutas y caminos en condiciones de transitabilidad, tarea que le cabe al gobierno nacional y de cada una de las provincias, según sean las jurisdicciones de las carreteras, y que las incumple notablemente pues el retraso que tienen las rutas de nuestro país es notable. Pero más allá de eso, que debe ser remarcado, existe un nivel de transgresión enorme de parte de los conductores de toda clase de vehículos, lo cual se puede comenzar a corregir desde el hogar y la escuela, en edades bien tempranas que es cuando calan hondo los comportamientos, la enseñanza y mucho más que eso los ejemplos, pero mientras tanto, frente a la avalancha de transgresiones que se advierten diariamente en todo el tránsito, sea urbano o interurbano, lo único que se tiene al alcance inmediato es la represión. Lo cual consiste, en un control excesivamente rígido y sanciones severas que lleven implícito el carácter ejemplificador, tal como ocurre con la provincia de Córdoba, donde ahora se acaba de agregar la referida tolerancia cero para los conductores que hayan bebido alcohol y sean sorprendidos conduciendo.

Ahora, esta posibilidad de la tolerancia cero podría llegar a la provincia de Santa Fe, encontrándose en análisis en la Cámara de Diputados un proyecto en tal sentido, el que fue elevado por la legisladora justicialista Erika Gonnet, yendo detrás del objetivo de reducir la cantidad de siniestros viales que tienen directa relación con el alcohol, proponiendo para ello la modificación del artículo 98 del Código de Faltas provincial para que el conductor que sea sorprendido conduciendo cualquier tipo de vehículo en el territorio santafesino con una alcoholemia constatada superior a cero miligramos por litro de sangre sea sancionado con una multa entre 100 y 400 unidades fijas, recordándose que la unidad fija tiene el valor de un litro de la nafta más barata existente en el mercado. Tomando como referencia un valor de 12 pesos, la multa puede oscilar entre 1.200 y 4.800 pesos, aunque se proponen mayores montos según la gravedad de la alcoholemia, llegándose para quienes tengan más de 0,55 gramos por litro a un monto de 1.000 unidades fijas, que significaría un pago de 12.000 pesos. Pero además, vaya añadidura, quienes sean alcanzados por estas sanciones quedarían inhabilitados para conducir, no pudiendo más acceder al registro correspondiente. 

Para tener una idea mucho más cercana a la dureza de este proyecto, digamos que en la actualidad las sanciones por alcoholemia comienzan a aplicarse cuando el nivel supera los 500 miligramos por litro de sangre.

De esta manera, lo que también se busca, es uniformar las medidas en toda la provincia de Santa Fe, ya que son varias las comunas que han comenzado con los controles de alcoholemia y la aplicación de multas y sanciones, tal como por ejemplo ocurre aquí mismo en Rafaela. Existen diferentes criterios de control, aplicación y sanciones, por lo cual una ley de alcance provincial dejaría a todos en igualdad de condiciones.

Por otra parte, una medida que viene en sintonía con esta iniciativa para toda la provincia y también lo que se viene haciendo individualmente en los municipios, es que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe avaló el uso de los alcoholímetros como método de control municipal para medir el alcohol en sangre de los conductores, habiendo sido el rechazo al planteo de un conductor que recurrió al alto tribunal luego de serle aplicada una multa por conducir en estado de ebriedad, calificando la misma de inconstitucional, quedando de manera tal allanado el camino para que los controles de alcoholemia no tengan ninguna clase de dificultades en el plano legal.