El
Gobierno enfrenta el desafío de frenar tensiones en el mercado
laboral, con amenazas de despidos y suspensiones incluidas, en un
escenario de desaceleración, alto costo del dinero y caída de
consumo, mientras la inflación sigue provocando pérdida del poder
adquisitivo a los asalariados.
La cuestión comenzó a insinuarse hace algunas semanas pero
cobró fuerza en los últimos días, cuando sectores otrora pujantes
como el de autos y motos, y algunas terminales -las ventas cayeron
20% en febrero según ADEFA- y autopartistas, encendieron luces de
alerta.
El rosario de reclamos empezó a cobrar sonoridad a partir de
las advertencias lanzadas por estos sectores, los que más
crecieron en los últimos años, como se encargó de recordarles el
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El mensaje que llega desde la Casa Rosada parece claro:
"Ganaron mucho dinero estos años, si ahora estamos en una meseta,
ni se les ocurra despedir gente". De todos modos, el escenario es complejo, ya que mientras los trabajadores buscarán en paritarias recomponer el deteriorado poder adquisitivo, las empresas parecen dar señales a sus empleados de que los aumentos deben ser moderados porque ahora lo más importante es conservar el trabajo y no pedir más salario.
El tema se sumó a la lista de dificultades que viene teniendo
el equipo de Axel Kicillof para encarrilar la economía tras la
devaluación forzada por el mercado, que obligó a adoptar medidas
de pura ortodoxia, como subir tasas de interés para evitar más
fuga de depósitos de bancos, y contener el dólar.
El gobierno sostiene tener controlado el mercado cambiario,
pero algunos datos objetivos despiertan aún dudas: el dólar
marginal sigue vivo y por encima de los $11, lo cual genera
fuertes distorsiones, mientras que las reservas del Banco Central
apenas si dejaron de caer, a pesar de que cerealeras liquidaron
los 2.000 millones de dólares prometidos en febrero.
El alza de intereses dispuesta por el Banco Central enfrió aún
más una economía que venía dando signos de desaceleración ahora
confirmados.
Otra vez, la administración de Cristina Fernández le pone velas
a la cosecha sojera, que este año apunta a un récord con precios
altos, y podría permitir controlar el mercado de divisas al menos
durante la primera mitad del año.
Pero uno de los problemas más notorios continúa siendo la
persistencia de una inflación que se niega a desacelerar, tal vez
porque todavía la política económica no le encuentra la vuelta a
la disparada de precios.
El problema es que tanto el alza de precios como el "impuesto
inflacionario" que trae aparejado, representa un mazazo para los
bolsillos de los asalariados.
Con ingresos fijos, paritarias que se hacen interminables y una
canasta destinada casi exclusivamente a alimentos, bebidas y
medicamentos, los precios que más aumentaron en los últimos meses,
la transferencia de recursos emerge clara.
Por goteo, la Argentina ingresó desde hace tiempo en otro
período de ajuste que transfiere ingresos desde los sectores más
vulnerables hacia poderes concentrados con capacidad de ajustar
precios mes tras mes.
Ante el intento de aplicar controles, la creatividad de las
alimenticias sorprende al consumidor más avispado: comenzaron a
cambiar el packaging de numerosos productos para aumentar su
precio y, en ciertos casos, también redujeron los envases o el
nivel de presencia de algunos componentes.
Para el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien sentó la
bases del crecimiento durante el gobierno de Eduardo Duhalde y la
consolidó en la gestión de Néstor Kirchner, la crisis no terminó y
la inflación ya acumula 10 por ciento en el primer bimestre.
Para Lavagna, el gobierno decidió que trabajadores y jubilados
paguen los "errores" cometidos en los últimos años.
En medio de esta polémica, hay números del mercado laboral que
obligan a prestar atención: hacía ya tres años que no se creaba
empleo en el sector privado pero ahora habría amagues de
suspensiones y despidos, que se suman al quite de horas extra que
comenzaron a aplicar sectores fabriles hacia fines del 2013.
Otra de las claves está en la falta de inversiones, que explica
en parte la inflación, ya que el gobierno se preocupó por mantener
calientes vía subsidios el consumo, pero no adoptó una política
acertada para atraer capitales.
La combinación resultó un cóctel demoledor para iniciar una
escalada de precios que aún no parece encontrar techo.