Mientras el Gobierno nacional y en especial el ministro de Economía, Axel Kicillof, afirman una y otra vez que no se han impuesto techos a las discusiones salariales que se desarrollan en el marco de las paritarias, en la práctica la decisión del Ministerio de Trabajo de no convalidar incrementos de sueldos por encima del 27 por ciento afecta la vida cotidiana de una buena parte de los argentinos.
Distintos dirigentes gremiales admitieron en el último mes haber recibido llamados del titular de la cartera económica. Uno de ellos era el propio Antonio Caló, jefe de los trabajadores metalúrgicos y líder de la CGT oficialista, que declaró a distintos medios que el propio Kicillof le sugirió un techo al aumento de los salarios que negociaba con las cámaras representativas del sector empresario. El secretario general del Sindicato de Mecánicos, Ricardo Pignanelli, fue otro de los que acusó a Kicillof de intentar ponerle tope a las paritarias "para que no se le piante la inflación".
La semana pasada, cuando finalmente y después de arduas negociaciones se sellaron acuerdos en torno a la política salarial con los gremios de la construcción, estatales, metalúrgicos, encargados de edificios y comercio con subas del 27 por ciento promedio, Kicillof salió a obtener rédito político de la situación. Sostuvo que "el proceso de paritarias está vivo, está abierto, es libre y es una discusión muy sana" entre trabajadores y empresarios, aunque luego de tantas confesiones de dirigentes gremiales el ministro no es creíble. Sin embargo, poco antes había advertido a los empresarios que "no se hagan los vivos" y prometan un aumento salarial en paritarias "que no pueden pagar", procurando influir en el diálogo.
En cierta forma, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que el Gobierno opera como un fantasma para que los acuerdos salariales no superen el techo del 27 por ciento. A modo de justificativo y buscando deslindar de responsabilidades a la cartera que comanda Kicillof, manifestó que "la economía" (¿o el mercado) es la que pone el techo a las subas salariales.
Ahora bien, el conflicto que afecta a los sindicatos de empleados bancarios y aceiteros constituyen un ejemplo consistente de que las paritarias existen y traban los acuerdos. La Asociación Bancaria exige un incremento del 32 por ciento y además compensaciones por el impuesto a las Ganancias que alcanza al 90 por ciento de sus afiliados. El Gobierno no avala ese porcentaje y por tanto, más allá de que esta semana se recuperó la instancia del diálogo, el gremio respondió con un paro de 48 horas. ¿A quién perjudica esta medida de fuerza? A millones de usuarios particulares, empresas y hasta administraciones gubernamentales que no pudieron efectuar trámites en los bancos.
El conflicto de los aceiteros desnuda la estrategia del Gobierno y ridiculiza cada intento de Kicillof por desmentir su intervención en las negociaciones y su determinación de instalar un techo en los aumentos. Simplemente el funcionario falta a la verdad, lo cual es muy grave considerando el lugar que ocupa. Al respecto, el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, dijo que no hubo acuerdo salarial y que continuará el paro que tiene paralizada desde hace 24 días la actividad en los puertos de Rosario. El dirigente sostuvo que la propuesta ofrecida por las empresas del sector consiste en otorgar un aumento del 36%, que fue aceptada por el gremio pero no fue homologada por la cartera laboral.
La medida de fuerza de los aceiteros también genera perjuicios, y muy grandes, costosos, al punto que se alerta que podría faltar aceite comestible en las góndolas. Ahora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fijó una postura crítica sobre el tema al expresar que "el conflicto paritario entre miembros de la Federación de Aceiteros y la Cámara de la Industria Aceitera genera importantes perjuicios sociales al afectar desde el suministro de aceite para consumo doméstico, cuyo desabastecimiento ha comenzado a verificarse, al decrecimiento del ingreso de divisas que se advierte en pleno desenvolvimiento de una cosecha récord de soja".
Asimismo, la entidad alertó de que "la menor operación de compra-venta que se registra en los mercados, a raíz de que las empresas compradoras comienzan a colmar su capacidad de almacenamiento de granos en sus plantas, se traduce en una parálisis de la entrega de carga de los vehículos a las plantas industriales, por lo que se ven perjudicados los camioneros por la falta de cobro, y una disminución en los ingresos de los productores, quienes tampoco pueden vender sus existencias". Otra consecuencia es "un progresivo corte de la cadena de pagos cuando comienzan a producirse vencimientos financieros y bancarios de la normal operatoria del agro".
Por tanto, el techo a las paritarias que Kicillof dice que no existe tiene impacto en la vida real. Y no es menor.