Cuando todavía persisten los ecos por el conflicto que enfrentó a los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales en las escuelas porteñas, que se dirimió en el terreno judicial con resultado favorable al estado local, ahora asoma un nuevo capítulo en el debate en torno a las autonomías que tendrá, inicialmente, al Congreso como "campo de juego". Se aclara inicialmente porque, en caso de que el proyecto presentado este lunes por la administración del presidente Alberto Fernández termine en sanción, es posible que nuevamente la pulseada se traslade al campo de la Justicia, en principio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Debilitado por la falta de resultados favorables en todos los ámbitos, desde la gestión de la pandemia hasta las negociaciones por la deuda externa, la inflación sostenida, la crisis económica y la inseguridad, el Gobierno nacional abre nuevos frentes de batalla política (y de marketing) con la oposición sin tener cerradas las grietas en su propio interior. Lamentablemente se confronta en temas en los que debería prevalecer el diálogo y el consenso entre todos los actores, pero hoy la política por momentos carece de pragmatismo y hasta de sentido común malgastando energías en debates estériles. 

La sociedad argentina aplaudió a sus gobernantes cuando en el comienzo de la pandemia se encolumnaron detrás de un objetivo superior y el bien común como lo es la salud pública. Sin embargo, conforme avanza el calendario electoral, los que ocupan cargos públicos y los que no parecen ponerse de acuerdo solo en subir el tono bélico de las diferencias, lo cual enerva a la opinión pública. La consecuencia es una caída masiva de la imagen positiva de los hombres de gobierno o de la escena política en general, que pagan con su credibilidad sus estrategias chiquitas pensadas solo para defender la quinta propia. 

Ni siquiera el momento límite al que nos empuja la pandemia de coronavirus permite un cambio de actitud en el tóxico sistema político nacional. La falta de voluntad para el diálogo, la negociación y los acuerdos es llamativa lo que echa sombras sobre la calidad de nuestra democracia, golpeada por la corrupción y la falta de políticas de Estado para enfrentar un enemigo común, como por ejemplo lo es la pobreza. 

En este contexto plagado de desencuentros, en el que la pelea es transversal entre gobiernos nacional y local pero también entre funcionarios y ciudadanos como queda reflejado esta semana en la provincia de Santa Fe y en Rafaela mismo a partir de las nuevas restricciones que afectan a clubes, gimnasios, escuelas de danza, natatorios y otros establecimientos afines, la cuestión de la autonomía amenaza con sumar otra mancha más al tigre o al país de las grietas. 

Lo que no puede con el diálogo, el Gobierno lo intenta con una fórmula más agresiva con la que busca avanzar, imponer y controlar sin atender a criterios republicanos ni buenas prácticas democráticas. Ahora envió al Senado nacional el proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las distintas jurisdicciones, que dependerá de la situación en la que estén cada una de ellas, de Bajo riesgo, Medio, Alto o Alarma. Desde el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, confirmaron su rechazo a la iniciativa al considerar que amplía las atribuciones de la Casa Rosada y que constituye un avance sobre las autonomías de los gobiernos provinciales o locales, en definitiva plantea que va en contra de los postulados de la Constitución. 

La propuesta, que el Gobierno quiere sea ley en dos semanas, no distingue entre zonas geográficas sino que establece "parámetros epidemiológicos y sanitarios" conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.

De todos modos, la letra del proyecto presentado en el Congreso parece suavizada. Al menos aclara que el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la ley, se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales, en los lugares de Alto Riesgo Sanitario y Alarma Epidemiológica. Y reserva al debate parlamentario la facultad de analizar en profundidad los parámetros propuestos y proponer otros. Recientemente, el diputado macrista Pablo Tonelli resumió la cuestión al sostener que no hay necesidad de conferirle al presidente más poderes de los que la Constitución le atribuye. 

A esta altura, al observar el nivel de contagios y de víctimas fatales que acumula la Argentina, lo ideal sería conceder al Presidente superpoderes para conseguir vacunas lo que reduciría tensiones en todos los órdenes, tanto en el sistema de salud como en la economía e incluso en el "mundo aparte" de la política.