El Gobierno anunció días atrás que a partir de diciembre quitará la totalidad de subsidios que las mayores empresas del país reciben en sus cuentas de electricidad, gas y agua, y que desde enero correrán la misma suerte 232.000 usuarios residenciales de los barrios porteños de Puerto Madero, Barrio Parque y barrios cerrados de todo el país. Las medidas provocarán un fuerte impacto en los bolsillos de los usuarios porteños y bonaerenses, en tanto que en el interior casi no habrá alteración alguna. Esto, que podría entenderse desde Rafaela como una buena noticia, en realidad no es tan así.

Y es que la decisión oficial, propiciada por una acuciante necesidad de la Casa Rosada de achicar el gasto público, deja en evidencia el carácter discriminatorio que ha tenido la política de subsidios durante todo este tiempo, beneficiando a Capital Federal y Buenos Aires en desmedro de las restantes provincias.

Apenas horas después del anuncio realizado por los ministros Amado Boudou y Julio De Vido, desde el Gobierno de Santa Fe divulgaron algunos datos que pintan de cuerpo entero la realidad. “Mientras Aguas y Saneamiento Argentinos recibe 2 mil millones de pesos en subsidios nacionales, Santa Fe no tiene nada. Es increíble, pero nosotros desde el interior subsidiamos y aportamos para Capital y el conurbano en una muestra total y absoluta de asimetría”, aseguró el ministro de Aguas, Obras y Servicios Públicos santafesino, Antonio Ciancio.

Pasando en limpio, AYSA recauda anualmente 700 millones de pesos, pero necesita 2.700 millones para cubrir los gastos operativos y de mantenimiento. Esa diferencia es la que aporta la Nación a través de subsidios. Del otro lado del mostrador, y según datos de la cartera que dirige Ciancio, Aguas Santafesinas SA recauda el 50 por ciento de lo que le cuesta producir el agua, mientras que la otra mitad llega a través de la administración de Binner. Pero además, ASSA lleva invertidos 407 millones de pesos en los últimos cuatro años. Y esos fondos también provienen de las arcas provinciales.

Las declaraciones del funcionario binnerista, que continuará siendo ministro luego del 10 de diciembre ya que fue ratificado por el gobernador elector Bonfatti, se produjeron también luego de que Aguas Santafesinas SA anunciará un aumento tarifario escalonado del 138%.

En ese sentido, Ciancio criticó la decisión del Gobierno nacional de quitar subsidios a las provincias que aumenten tarifas al asegurar que “una cosa es decir que les quitan subsidios a los privados y otra a una estatal que no tiene lucro. Retirar subsidios sin aumentar tarifas es pensar que no hay inflación”.

Curiosamente, De Vido y Boudou descartaron reiteradamente que la quita de subsidios implique por un lado un ajuste, y por el otro un incremento tarifario. Un argumento difícil de sostener si se tiene en cuenta que los nuevos recortes representarán un alivio de 3.900 millones de pesos para el Estado, pero simultáneamente una suba en los costos para grandes empresas productoras de energía eléctrica, gas, biocombustibles y hasta agroquímicos. Pensar que esos mayores costos no se trasladen a las boletas y facturas, es pecar en el mejor de los casos de utópico, y en el peor de cínico.

De hecho, en los últimos días algunas estimaciones dejaban traslucir que en los próximos meses los clientes residenciales de Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país, recibirán aumentos tarifarios de entre el 150 y el 400 por ciento.

Más allá de esto, la tarea que le queda por delante a la gestión kirchnerista no es menor. El recorte de 3.900 millones de pesos que entrará próximamente en vigencia representa sólo el 5,65% de los 69.000 millones que se terminarán gastando este año en subsidios económicos a diversos sectores como energía y transporte.

Y habrá que ver cómo resolverá puntualmente la situación de Ciudad de Buenos Aires, que concentra el 53% del total de subsidios en gas, agua y electricidad. Este último dato no hace más que darle la derecha a las quejas provenientes del resto de las provincias, que, y tal como lo remarcaron tanto el gobernador Binner como su ministro Ciancio, se sienten profundamente discriminadas con la todavía vigente política oficial de subsidios.