"La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró en el último año niveles de gastos superiores a los previstos en la Ley de Presupuesto 2012, en tanto el monto total de los recursos percibidos fue prácticamente similar. El resultado financiero (base devengado) registró un déficit de $ 56.071millones, en lugar de un superávit de $1.476 millones como se había previsto", destacó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera en uno de sus últimos documentos.
Según publicó Infobae, la política de subsidios del Gobierno nacional cumple un "rol clave" como incentivo del mercado interno a través del consumo de las familias, principalmente aquellas que tienen menos ingresos. "Entre los denominados subsidios económicos el informe da cuenta de que la cuenta más abultada correspondió a los energéticos, con $55.052 millones y una suba promedio de 27,7% en un año", agrega el diario. Al detallar el destino de esos fondos públicos, da cuenta de una "notable dispartidad de las subas entre sus receptores: 142% Nucleoeléctrica; 114,9% Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal; 82,8% Enarsa; 27,9% organismos provinciales, 2,8% Cammesa y baja de 4,5% Ente Binacional Yaciretá".
Asimismo, agrega que "más modestos fueron los incrementos de las partidas para el sistema de transporte: 11,4%, aunque también con apreciable dispersión, ya que por un lado se elevaron 31,8% para Infraestructura y se redujeron 30% para trenes y subtes".
Entre el resto de las empresas públicas las que más vieron elevar el monto de subsidios asignados fueron, según el informe de ASAP, la agencia de noticias Télam 66,3%, AySA 34,7% y Arsat 34,4 por ciento.
En tanto que en lo que respeta a los subsidios sociales el Ministerio de Educación fue el más beneficiado con un incremento de 42% de la partida que recibió el año anterior, seguido por Trabajo 22%, principalmente por la suba de 38% para transferencias al PAMI y 24% para la Asignación Universal por Hijo. Por el contrario, el Ministerio de Planificación acusó una reducción de 6 por ciento.
"A lo largo del año, y especialmente en los últimos dos meses, las autorizaciones para gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional se vieron ampliadas en un total de $83.457millones (16,5% del presupuesto aprobado por el Congreso)", indica el análisis de ASAP, pese a que no fueron acompañados con incrementos de los recursos cobrados por impuestos y aportes a la seguridad social.
De ahí que "del nivel de gastos devengados y de los ingresos efectivamente percibidos, surgió que el resultado financiero de la Administración Nacional fue de un déficit de $56.071 millones, en lugar de un superávit de $1.476 millones" como había aprobado el Congreso originalmente para todo el año.
El resultado primario, antes de computar el pago de intereses de la deuda pública, fue negativo en $8.181 millones, en lugar de un superávit de $46.284 millones como proyectaba en el Presupuesto 2012.