En la Argentina de la crisis en crisis resulta complicado obtener financiamiento desde el Estado para cumplir con todas las obligaciones. Generalmente los presupuestos son cortos y por tanto requieren una administración exigente. A veces no alcanza para cubrir las necesidades de educación, salud o pago de jubilaciones, por lo que a priori parece que el mantenimiento de las cárceles podría sufrir falta de recursos. Así se ven edificios deteriorados con un desorden generalizado al estilo de lo que muestran exitosas series de televisión, como El Marginal. 

En este marco, la población carcelaria en la Argentina aumentó un 55 por ciento entre 2013 y 2019 y llegó a 63.094 personas privadas de su libertad dentro del Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense, servicios que representan el 69% del total del país.

Así se desprende de un informe de la encuesta realizada este año sobre "Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, una lectura en perspectiva temporal 2013/2019", presentado esta semana que termina por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por medio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).

Entre las características de esta población, el 50% tenía 30 años o menos al momento de su detención, el 42% cursó estudios hasta la primaria y el 76% estaba trabajando un mes antes de ser detenido. En tanto, el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales (43 por ciento) o vinculados a las drogas (19 por ciento), mientras que el resto fueron por homicidios (15 por ciento) y delitos sexuales ((11%).

Por otra parte, según este informe, el porcentaje de reincidencia de los presos es del 39 por ciento. Según el relevamiento el respeto por las garantías procesales en 2019 no tuvo mejoras significativas en comparación a 2013. Se observa que los tiempos procesales se aceleran en 2019 respecto a 2013. El tiempo transcurrido entre la detención y la sentencia era de 2 meses o menos en un 18% en 2013 pasando al 29% en 2019, se indicó en el estudio.

Durante este año, al 49 por ciento de los/as detenidos/as en los últimos 3 años la fiscalía les propuso un juicio abreviado.

En tanto, el 41% de los/as recientemente detenidos/as han sido sentenciados/as bajo el proceso de flagrancia, procedimiento que permite resolver los casos donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inminente y juzgados mediante un sistema oral abreviado.

Por otro lado, se expone que las mayores diferencias en victimización dentro de la prisión se observan según edad y situación procesal. En ese sentido, el 23% de las personas de 29 años o menos manifestaron haber sido golpeados en los últimos 6 meses, frente a un 9% de 30 años o más. A su vez, al 41% de los condenados alguna vez le han robado sus pertenencias personales frente a un 28% de los procesados.

En tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) informó que durante el año pasado 41 personas fallecieron en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al dar a conocer un nuevo informe sobre "Muertes en contexto de encierro", la Procuvin indicó que la cifra anual no es mucho menor a las 42 muertes ocurridas en 2017.

En los últimos diez años, y según publicó el portal Fiscales.gob.ar, murieron 477 personas privadas de la libertad. Estas muertes tienen lugar en un contexto de aumento sostenido de la población encarcelada y de un progresivo déficit de espacio y de condiciones de detención, se señala en el relevamiento, en el que también se indica que todos los fallecidos fueron varones con una edad promedio de 44 años.

Del total de las muertes registradas en 2018, 16 fueron consecuencia de eventos traumáticos, mientras que 6 de ellas fueron provocadas por heridas cortopunzantes. Un dato relevante del informe es que el 39% de las muertes

corresponden a personas que llevaban menos de un año en prisión. Este punto da cuenta de una notable celeridad en el proceso de producción de letalidad sobre la población con menor tiempo de prisionalización, que suele ser significativamente vulnerable.

En la provincia de Santa Fe se encontraban detenidos 6.375 internos, según había publicado el diario El Litoral en septiembre pasado a partir de datos proporcionados por el Servicio Penitenciario Provincial. De esa cantidad, 760 internos son presos federales.

Otra faceta tiene que ver qué hacen los presos mientras cumplen condenas. Por caso, cerca de 20 mil internos de cárceles bonaerenses recibieron formación laboral en lo que va de este 2019. Según un informe difundido por el Servicio Penitenciario provincial (SPB), entre enero y octubre del presente año un total de 19.737 internos de las 57 unidades penales bonaerense participaron en 1.136 capacitaciones. Los internos aprobaron cursos de albañilería, herrería de obra, panadería, marroquinería, mecánica de motos y autos, reparación de bicicletas, bobinado, electricidad, manipulación de alimentos, reparador de PC, chapa y pintura y plomería, entre otros oficios con salida laboral.