La centralización de casi todo, de manera especial el manejo de los recursos, es cada vez más notoria. De tal modo los gobernadores de cada provincia, e incluso los intendentes, deben inclinarse ante el poder central para poder afrontar el pago de sus gastos, y aún más que eso, poder afrontar la realización de alguna obra pública, que en forma discriminada son manejadas desde allí para su financiación. 

Un claro ejemplo de lo que ocurre con la centralización de los recursos lo constituyen los gravámenes sobre la producción de soja, uno de los principales recursos de los que dispone el país y que en buena parte financiaron la política del ciclo kirchnerista durante la última década. 

Veamos por caso lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, donde en el ciclo 2011-12 tanto por producción como por el procesamiento de la soja, el gobierno nacional se quedó con 8.000 millones de pesos en concepto de retenciones. Sin embargo, por el Fondo Sojero la Nación transfirió al gobierno provincial 632 millones que le correspondieron por la coparticipación establecida en los decretos que datan de 2009.

En el presente año y según la estimación del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el gobierno central se llevará 9.250 millones de pesos por las retenciones a la producción santafesina, en tanto que devolverá sólo 750 millones mediante lo dispuesto en el Fondo Sojero. De tal manera, aún siendo llamativa la situación analizando año por año, si tomamos lo ocurrido en los dos últimos -descontando que se cumplirá este pronóstico en cuanto a lo que resta de 2013-, entonces tenemos que el gobierno nacional se llevó de Santa Fe 17.220 millones de pesos sólo por la soja y sus derivados, mientras que reembolsa 1.382 millones.

Es así entonces que el federalismo tan proclamado queda sólo en eso, en una proclama, ya que en los hechos muy lejos está de ser practicado. Un aspecto que ha llevado al actual manejo de la política, que en lugar de irse revirtiendo se fue profundizando cada vez más todos estos años, ya que los recursos confluyen casi en su totalidad a la Nación, desde donde son manejados a gusto, casi con exclusividad destinados a aquellos distritos provinciales de su mismo signo político, al igual que los intendentes de ciudades de todo el país, con el agregado de fuertes presiones para alinearse incondicionalmente con cada una de las iniciativas oficiales.

A todo esto, respecto al departamento Castellanos del cual Rafaela es cabecera, de su producción de soja el gobierno nacional se quedó con 960 millones de pesos en concepto de retenciones, mientras que en igual período efectuó aportes por 12 millones de pesos.

La comparación de las cifras eximen de todo análisis, quedando en plena evidencia la manera arbitraria en que se maneja el destino de los recursos provenientes de los impuestos y gravámenes, que justamente en este tiempo, alcanzan el mayor índice de la historia tributaria de la Argentina, cercano al 40%, lo cual lo ubica en el nivel más alto de la región latinoamericana y de similar volumen a muchos de los países desarrollados.

Hasta 2009 el gobierno central se quedaba con la totalidad de los recursos, pero ese año -en el cual sufría presiones muy fuertes por la derrota política sufrida con el campo y también de parte de los gobernadores por el casi inexistente federalismo-, se accedió a la creación del denominado Fondo Federal Solidario, disponiéndose que mientras la Nación se quedaba con el 70% de lo recaudado, el 30% restante era para dividir entre las provincias adheridas, las que a su vez también se quedan con igual porcentaje y dividen el resto con sus municipalidades y comunas. Es decir, la misma queja que se hace de la Nación, alcanza a las Provincias, aunque claro, en este último caso el dinero a repartir sea mucho menor cantidad.

Esto que sucede con las imposiciones sobre la producción de soja y todos sus derivados, es nada más que un calco de la situación a la cual fue llevado el federalismo, ya que de la totalidad de los impuestos existentes en toda línea que uno pueda imaginarse, la Nación se queda con el 74% en tanto que el resto de los 24 distritos se reparte el 26%, quedando en consecuencia plasmada, con el sólo contraste de los porcentajes, la inequidad existente. Algo que, sin poder lograrlo, se viene insistiendo en la urgente necesidad de modificarlo.