Una nueva polémica se abrió en torno a la posible manipulación de las estadísticas por parte del Gobierno, en este caso que involucra a la política ligada a la trata de personas y se suma a las sospechas que existen desde hace tiempo sobre la intervención en los datos sobre inflación, pobreza, indigencia y hasta de actividad económica. 

Recientemente, la exdiputada nacional y actual dirigente del Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano, denunció que el Gobierno nacional manipula los datos sobre las víctimas de trata. Fue en respuesta a un informe difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que se destaca oficialmente que unas 133 víctimas fueron liberadas en enero y febrero de este año y que el Estado Nacional rescató a 8.010 personas desde 2008.

Pero de acuerdo a las organizaciones de lucha contra la trata la cantidad de víctimas ya asciende a quinientas mil en todo el país y que "el Estado rescata anualmente a menos del 0,5 % de las personas esclavizadas y luego las abandona". Gil Lozano consideró que "desde las cifras, el informe oficial deja sabor a poco porque los resultados deberían ser mucho más elevados para poder reconocer con optimismo el trabajo contra esas redes".

El reporte confeccionado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, precisa que en 2014 el Estado nacional rescató cada día a cinco personas esclavizadas, que eran sometidas a distintas formas de explotación. En contraposición a esos datos, la dirigente aseveró que muchos de los problemas se deben precisamente al modo parcial en que el Gobierno reglamentó la Ley de trata de personas porque explicó que "hay muchos aspectos que involucran a las víctimas que no están debidamente contemplados en el dictado del decreto que se venía reclamando".

El informe señala que el 51 por ciento de las personas era víctima de explotación laboral, mientras que el 49 por ciento restante eran sometidas a explotación sexual. De ese total, el 90 por ciento se trataba de mayores de edad en tanto que el 53 por ciento eran personas de nacionalidad extranjera, en particular de Paraguay, Bolivia y República Dominicana.

Asimismo, durante los operativos realizados en lo que va de este año por el Ministerio de Justicia, con apoyo de las fuerzas de seguridad, el 49 por ciento corresponden a allanamientos por explotación sexual, el 38 por ciento a entrevistas y asistencia de las víctimas en su declaración y el 10 por ciento a allanamientos laborales. 

Un dato que destacó el Gobierno es que desde 2012 funciona la línea gratuita 145, que atiende las 24 horas en forma gratuita y anónima, para recibir denuncias telefónicas desde cualquier punto del territorio nacional. En lo que va del año se recibieron 332 denuncias y la principal causa fue por explotación sexual (59%), seguido por explotación laboral (12%) y personas desaparecidas (11%).

Con respecto al lugar de origen de los llamados, el 43 por ciento provienen de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires; el 16 por ciento de Mendoza, San Juan y San Luis; el 15 por ciento de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero; el 6 por ciento de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán; y el 5 por ciento de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

El Programa de Rescate se encarga de coordinar las acciones dirigidas a la lucha contra ese tipo de delito transnacional y está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, así como por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Abogacía. El fundamento de su acción reside en considerar a la trata de personas como una grave violación a los derechos humanos que implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona con fines sexuales, trabajo forzoso o alguna práctica análoga a la esclavitud.

Desde una perspectiva crítica, Gil Lozano, advirtió que "el Estado acompaña a las víctimas hasta que declaran pero luego no se trabaja con ningún tipo de acompañamiento ni contención psicológica o médica, no se les otorga ningún subsidio ni ninguna capacitación de reinserción laboral, lo que genera que, al poco tiempo, esas personas, en la mayoría de los casos, vuelvan al circuito del cual se las rescató". Así, tras poner en duda la calidad de las estadísticas al considerar que son parciales y no reflejan la magnitud de la problemática, lamentó que el "el Gobierno nacional trate de difundir datos alentadores cuando la realidad muestra que no asigna los recursos necesarios y que no existe una verdadera gestión coherente para combatir esta problemática".