El nivel de confianza en las instituciones argentinas está, lamentablemente, lejos de ser óptima. Por el contrario, la justicia, la policía, el parlamento y los gobiernos de distintas jerarquías jurisdiccionales no logran acertar con la fórmula para fidelizar la relación con los ciudadanos. Cuando circunstancialmente se producen avances para destacar en el funcionamiento de algún poder del estado, aparece un "pero" que hace dar pasos hacia atrás como si de un juego de mesa se tratara.
El tratamiento que hacen los jueces federales o del ámbito penal de las causas que deben investigar es un botón de la muestra. No todos los magistrados bucean con la misma destreza, y por sobre todo voluntad, en el submundo de los cuadernos de la corrupción.
Ya se ha escrito una y otra vez la baja credibilidad del discurso político porque los candidatos muchas veces no cumplen sus promesas cuando finalmente son elegidos para desempeñar un cargo público. El compromiso que asumen en campaña en pos de seducir al votante no tiene correspondencia con lo que hacen una vez que asumen la función pública. De alguna manera, sucede en estos días cuando el jefe de Estado parece volar a oscuras con tantos problemas de la economía pero al mismo tiempo con total seguridad realiza promesas para aliviar el día a día o crear las condiciones para la generación de empleo, siempre y cuando sea reelecto.
Pero un caso en especial revela la profunda desconfianza en las instituciones, en este caso la Policía Federal Argentina (PFA) que desde hace más de un año tiene presencia en Rafaela aunque con escasa a nula visibilidad. Estamos acostumbrados a los escándalos que salpican a los agentes de la Policía de Santa Fe, pero es resonante el que estalló en la sede de la Federal de la capital de la provincia de la cual depende la unidad que se encuentra en esta ciudad.
En mayo, Marcelo Lepwalts, el ahora ex comisario y ex titular de la Delegación Santa Fe de la PFA fue detenido por vínculos con el narcotráfico. En un operativo sorpresa tras la intervención de teléfonos, se encontró droga no declarada en la misma sede policial. No fue el único detenido en esa causa. Rápidamente, la primera lectura que hace el ciudadano es que el tiempo agente que debe proteger la seguridad de las personas y luchar contra el narcotráfico era narcotraficante. Así es difícil mejorar la relación de confianza con la institución policial.
Poco después, el sucesor de Lepwalts, el ahora también ex comisario Mariano Valdés, protagonizó un extraño suceso que a medida que fue investigado reveló también un trasfondo ligado al tráfico de drogas. Valdés fue baleado el pasado 9 de septiembre cuando viajaba a bordo de un automóvil Ford Focus con la suboficial Rosana González por la autopista Rosario-Buenos Aires en dirección a Santa Fe, en el marco de un incidente que generó más preguntas que respuestas con explicaciones que dieron las supuestas víctimas del ataque difíciles de creer, casi inverosímiles. Tal como resumió el diario La Capital, Valdés declaró en dos oportunidades que se había tratado de un asalto al voleo perpetrado por encapuchados que bajaron de una camioneta justo cuando él y la suboficial que lo acompañaba en el auto se habían detenido para cambiar la yerba del mate. Los policías repelieron el atraco y él resultó herido en la ingle y en uno de los brazos.
Casi dos semanas después, a partir de los informes de las pericias realizadas, las hipótesis de la investigación que se habían formulado a partir de la declaración de Valdés se cayeron como un castillo de naipes. Al final se estableció que el por entonces jefe policial se detuvo en el marco de un encuentro previamente pactado con personas conocidas que tuvo lugar detrás de su auto y que comenzó como una charla que derivó en una discusión y posterior tiroteo. Horas después llegó a la escena el oficial de la PFA, Alberto Bellagio y aparentemente ayudó a Valdés a ocultar las razones y pruebas sobre las causas del violento episodio.
En el marco de un caso cada vez más complejo que se basa en una oscura trama cuyas raíces aún nadie sabe hasta donde llegan dentro de la institución, ahora se conoció una conversación telefónica entre Lepwalts desde la cárcel y su sucesor Valdés, ocurrida el 20 de septiembre, 11 días después de ese extraño tiroteo en algún lugar de la autopista entre Rosario y Santa Fe. Además, se conoció el informe sobre el bolso secuestrado a Valdés que supuestamente llevaba consigo el día de la balacera y que luego habría desaparecido de la escena: al parecer contiene restos de metanfetamina.
Mientras la situación judicial de los ex funcionarios policiales se torna cada vez más complicada, la confianza en la institución policial también sufre una enorme erosión. El dilema del ciudadano común es en quién confiar.