En 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca concientizar a la población en general pero sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. El tráfico de personas, que data desde la miles de años, como en el antiguo Egipto, el imperio romano o más acá en el tiempo durante la ocupación de América por parte de las potencias europeas entre los siglos 15 y 19 cuando floreció el comercio de esclavos proveniente de África, constituye un grave delito y una grave violación de los derechos humanos que persiste hasta nuestros días. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas, advierten desde la ONU.
En este marco, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como garante de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos al respecto, asiste a los Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata. En su artículo 3, este Protocolo define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
De acuerdo a las estadísticas de la ONU, en 2018 hubo alrededor de 50.000 víctimas de la trata de personas y 148 países denunciaron su existencia. El 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas: representan el 46% y las niñas el 19% de todas las víctimas de la trata. A nivel mundial, una de cada tres víctimas detectadas es un niño. 
En Argentina, desde enero y hasta junio de este año se rescataron 761 personas de redes de trata, según un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En tanto que la línea telefónica nacional gratuita y anónima para denuncias sobre el delito, la 145, recibió en el mismo período, 817 llamadas.
En una reciente nota de opinión publicada por la agencia Télam con la firma de Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas y titular de la Alameda, se subraya que el Estado argentino ha rescatado más de 19 mil víctimas de trata sexual o laboral desde el 2008 a la fecha. Sin embargo, apenas el 20% de las y los sobrevivientes de este delito han tenido efectivo acceso a una vivienda, empleo digno o acompañamiento terapéutico. En el 80% de los casos han permanecido en situaciones de extrema vulnerabilidad y no pocas veces han vuelto a ser revictimizados, agrega respecto a otra dimensión de la problemática. 
Vera sostiene que las redes de trata operan en todo el territorio nacional e incluso trasnacionalmente. En este marco, se desplazan de un país a otro y de una provincia a otra organizadamente. El Estado no puede combatir estas redes si no estructura una fuerte articulación federal donde cooperen los estados provinciales, municipales y el Estado nacional de Ushuaia a la Quiaca.
Además, plantea que el Estado argentino debe avanzar en la registración de medio millón de trabajadores/as en el ámbito rural que en muchos casos son sometidos a explotación inhumana. También debe combatir a la trata en el terreno virtual donde se han desplazado en gran parte con fines de captación, reclutamiento e incluso explotación. Junto con las áreas de ciberdelitos y cibercrimen, debe mejorar la investigación y persecución y junto con el Ministerio de Educación debe trabajar fuertemente la prevención sobre el uso responsable de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes.
La trata sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial del crimen organizado. La magnitud del problema es enorme. Queda claro que hay mucho por hacer.