Resulta infinito en la Argentina el debate sobre la calidad de las instituciones al igual que las quejas en torno al pasado y presente del sistema judicial en casi todos los niveles. Y si bien hay coincidencias sobre la necesidad de "hacer algo" para mejorar el funcionamiento de la justicia, lo cierto es que después nada se hace, no hay propuestas ni voluntarios para llevarlas adelante, entonces la sensación es que siempre estamos en el mismo lugar. 

La debilidad institucional del país explica en buena medida las crisis recurrentes que en su mayoría son generales, es decir que no solo afectan la economía, sino lo social y lo político. Difícil explicar porque hay tantos diagnósticos coincidentes pero no hay acuerdos sobre la medicina a suministrar a la Nación, donde la confianza en las distintas instituciones no suelen ser altas. El Congreso, la Justicia, el Gobierno, la Policía, las Fuerzas Armadas, incluso la prensa y tantas otras no logran construir una relación sólida ante la ciudadanía. 

Y está claro que cuando se habla del deterioro de la calidad institucional, necesariamente la discusión debe incluir conceptos como democracia, corrupción, honestidad, transparencia, ética, organismos de control y eficiencia entre tantos otros. El escritor, político, abogado y periodista tucumano, José Ignacio García Hamilton -quien murió en 2009- dijo en una de sus tantas columnas de opinión que "las instituciones son reglas de juego, como las que se establecen -por ejemplo- en el

caso de los deportes o del tránsito, para que todos se beneficien circulando más rápido" y que en este marco "las instituciones reflejan la forma en la que nos relacionamos y suelen estar expresadas

en las leyes o en la Constitución, pero también en las costumbres, los valores, los miedos". En su análisis, consideró que "cuando las instituciones son buenas y respetadas, nos dan la ventaja de las normas de

tránsito: todos nos beneficiamos con su cumplimiento. Es más, disfrutar del cumplimiento

de las reglas crea, también, la riqueza de los países, genera crecimiento económico".

Pero más allá que la cuestión institucional ocupa un espacio en la agenda pública, no que no logra es pasar del dicho al hecho. Se habla, se vuelve a hablar pero nunca se avanza hacia una agenda de buen gobierno con instituciones saneadas que logren la confianza pública. Se trata de un objetivo estratégico de política eternamente postergado por los caprichos de los dirigentes políticos más dispuestos a echar raíces en la esfera del Estado que en contribuir en forma desinteresada a hacer un mejor país. 

El caso de Milagro Sala desnuda las fragilidades de nuestro sistema institucional. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazó la semana pasada un pedido de la líder de la Tupac Amaru y ratificó su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa por asociación ilícita conocida como "Pibes villeros". Fue un día después de que se cumplieran cuatro años de su detención, en tanto que la dirigente social insistió en que se considera una "presa política".

El Tribunal Superior confirmó su condena al rechazar un pedido de inconstitucionalidad sobre la pena que había presentado la defensa de Sala, que ahora tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa conocida como "Pibes villeros" es la que tiene a Sala presa con domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya. En ella se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude a la administración pública por la malversación de 29 millones de pesos en el programa "Mejor vivir 2", por el que se recibieron fondos, pero no se concretaron las obras.

Tras conocerse el fallo del Tribunal Superior, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, resaltó que el Poder Judicial de la provincia "funciona y es independiente". Además, subrayó que la decisión demuestra que "está funcionando el Poder Judicial y hay una justicia independiente en Jujuy" a la vez que puntualizó que "en esa causa intervinieron 13 jueces, así que hay garantía de derechos en la provincia". Para el gobernador radical el fallo de la Corte jujeña "da cuenta de lo que todos vimos lo que pasó aquí, las situaciones que ocurrieron, no sólo con la corrupción y con robarse la plata del pueblo que tenía que ver con familias que tenían que tener su vivienda". 

Pero mientras Morales pone en valor el sistema judicial jujeño un funcionario nacional asegura que Sala es una "presa política", una controversia que delata la calidad institucional del país, ya no de una provincia. Luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que en la Argentina no hay "presos políticos", el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, reclamó la libertad de Milagro Sala y consideró que la líder de la Tupac Amaru está encuadrada en esa categoría.

Nada más que agregar señor juez.