Con el debate en torno a la emergencia alimentaria, que rige en la Argentina desde el año 2002 y que se encamina a continuar hasta diciembre de 2022 si el Senado sanciona esta semana el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, se refresca la discusión sobre las responsabilidades que tienen los distintos niveles de gobierno a la hora de brindar asistencia social. Esto es, determinar si son los municipios, los gobiernos provinciales o la Nación los que deben aportar los recursos para reforzar las políticas sociales que garanticen el alimento diario de todos los habitantes del país, en particular los sectores más vulnerables que dependen de los comedores escolares, comunitarios o de las parroquias para comer un plato o tomar una taza de leche al día. 

Así las cosas, el debate se da en medio de una crisis económica generalizada en el que las agrupaciones piqueteras salieron a la calle y se instalaron, entre otros sitios, frente del Ministerio de Desarrollo Social nacional en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, la exigencia fue la de declarar la emergencia alimentaria, lo cual significa incrementar las partidas presupuestarias para los programas asistenciales que desde este Ministerio se distribuyen entre las agrupaciones sociales.  

La cuestión fue analizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) en su último informe, que plantea una situación paradojal en su punto de partida. Señala que el Ministerio de Desarrollo Social nacional fue creada en el año 1999 por el entonces recién asumido gobierno de la Alianza para mostrar el compromiso de esa coalición con los temas sociales. Desde ese momento, los sucesivos gobiernos lo mantuvieron al punto que el organismo cumple 20 años de existencia. La ironía, remarca Idesa, es que en las dos décadas de su existencia la pobreza en la Argentina nunca cedió manteniéndose consistentemente alrededor del 32% de la población.

En este marco, un primer interrogante es dilucidar si semejante ineficacia está asociada a falta de recursos. Tomando el período que va entre los años 2003 y 2018, para los cuales se dispone de datos comparables, este Ministerio gastó unos $125 mil millones por año a precios del 2018. Esta cifra representó el 1% del PBI en cada año. De acuerdo al reporte, los tres principales componentes del gasto se centraron en las erogaciones administrativas, es decir salarios y otros costos operativos que insumieron unos $3 mil millones por año a precios del 2018. En programas de asistencialismo por los que pujan las agrupaciones piqueteras se gastaron unos $40 mil millones por año a precios del 2018. Mientras que en pensiones no contributivas se gastaron uno $80 mil millones por año a precios del 2018.

Esta batería de datos reflejan que los presupuestos asignados han sido muy significativos en los últimos 15 años. Con ello, se ha generado una estructura administrativa grande con fondos para asistencialismo que generan gran magnetismo entre las agrupaciones piqueteras. El mayor gasto fue a pensiones no contributivas, que financia 1,5 millones de beneficios dentro de las cuales hay 1 millón de pensiones por incapacidad con fundadas sospechas de que muchas fueron otorgadas con irregularidad. Por la magnitud de los fondos, la forma en que se asignan y los frustrantes resultados, en lugar de insistir en aumentar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, se justifica exigir una fuerte autocrítica sostiene Idesa en su análisis. 

Un tema central, subraya, es reflexionar sobre la pertinencia de que el gobierno nacional se inmiscuya en este tipo de acciones. Pretender suministrar desde el gobierno nacional asistencia a personas en estado de vulnerabilidad es inconducente, afirma. En primer lugar, porque colisiona con la organización federal superponiéndose con las acciones de las provincias y municipios. En segundo lugar, porque colisiona con la buena gestión ya que es imposible lograr eficiencia desde una unidad burocrática central. Esta estrategia llevó, señala el informe, a crear una enorme estructura administrativa que opera de manera superpuesta con los gobiernos locales promoviendo el derroche, la proliferación del clientelismo y la corrupción. Una familia vulnerable debería conocer y superar los trámites administrativos de más 100 programas entre nacionales, provinciales y municipales, si quisiera por sus medios acceder a ellos.

En este escenario, la consultora concluye que persistir en la asignación de recursos por esta vía no va a resolver los problemas de la pobreza. No se trata de la voluntad política o la capacidad de quien conduzca este ministerio. Las reglas inducen a que los recursos sean capturados por la burocracia, el clientelismo y la corrupción. Por eso sugiere que sería más prometedor entablar el diálogo con las provincias para avanzar en la desarticulación de las intervenciones nacionales en programas de asistencia social. En otros términos, que todos los recursos destinados a la asistencia social sean administrados a nivel local y que el gobierno nacional se reserve sólo funciones de monitoreo, la difusión de información para la transparencia y medición de impactos. 

De todos modos, finaliza el reporte, el instrumento de base para reducir la pobreza es el crecimiento económico y del empleo.