El Presupuesto "prorrogado", luego que la oposición rechazara su tratamiento en las Cámaras, lo que terminó por favorecer las intenciones del gobierno de contar con una herramienta manejada con absoluta libertad y sin controles, establece un gasto para 2011 de 380.412 millones de pesos, con lo cual lo de la prórroga es un mero decir -hasta ahora- pues se arranca con un 38% por sobre las cifras de 2010.
De tal manera, el Gobierno contará este año con 104.652 millones más para gastar que lo autorizado en el Presupuesto del año pasado, lo cual es así porque en aquella ocasión anterior, merced al uso de las denominadas decisiones administrativas o decretos de necesidad y urgencia el Gobierno amplió las partidas de gastos en 65.643 millones durante el desarrollo del ejercicio, a los cuales se deben agregar 39.010 millones que es el aumento de gastos previsto para 2011.
De tal manera, esta ampliación de gastos del 38% en solamente una docena de meses, es otra de las consecuencias generadas por la inflación, que permitió incrementar la recaudación, pero además y esencialmente por el financiamiento que hace del Estado el Banco Central, el cual prácticamente ha dejado de ser un organismo controlador de la emisión monetaria y todos los demás aspectos técnicos que hacen a la preservación del valor de la moneda, para ser un mero organismo financiador del Estado. Y además, con un compromiso político que excede lo razonable, ya que esta crisis de los billetes que alcanzó su pico sobre finales de diciembre y comienzos de enero, fue derivada por la decisión del Central de no imprimir billetes de 200 y 500 pesos, tal como se le viene sugiriendo desde hace tiempo, ya que el circulante no alcanza. Como la aparición de billetes de mayor nominación es la admisión tácita de la espiral inflacionaria, lo cual confrontaría con la política de ocultamiento que viene haciendo el INDEC desde enero de 2007 en que fue intervenido por Guillermo Moreno, es que también el Central se pone al servicio de las metas políticas, no sólo las financieras.
De acuerdo con las estadísticas que lleva el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, durante el transcurso del año pasado la base monetaria tuvo una suba de 38.000 millones de pesos, de los cuales 18.500 millones correspondieron al financiamiento del sector público, recurriéndose a giros al Tesoro de utilidades devengadas.
Pero además, si la ampliación de gastos del 38% es muy elevada, no es en cambio definitiva ni mucho menos, ya que como viene sucediendo en todos estos años, la suma total de 380.412 millones no será seguramente la final, ya que el Gobierno cuenta con mecanismos para su ampliación, resultando mucho más factible su uso en consideración a que 2011 es un año electoral, y nada menos que con la presidencial de por medio.
De acuerdo con las estimaciones y antecedentes que se disponen de otros ejercicios, los 380 mil millones ya autorizados es altamente probable que finalmente se transformen en 450.000 millones de pesos. Es que en 2010 el gasto se amplió en 65.000 millones y terminó subiendo un 30% por sobre lo establecido en el Presupuesto, lo cual, aplicado en esta nueva instancia y más aún por ser un período eleccionario, es que se arriba a la mención de los 450 mil millones.
De acuerdo se considera desde el área de Economía, la expansión fiscal y monetaria, manteniendo un tipo de cambio controlado como viene ocurriendo, constituyen las claves del crecimiento económico, que especialmente se produjo con posterioridad a la crisis de 2009, cuando la afectación generalizada por la caída financiera internacional.
Pero además, dentro de todo este conjunto que hace a la economía y especialmente las finanzas, con participación directa en los gastos y la política aplicada por el Banco Central, algo que tiene muchísimo que ver es la inflación, ya que la Argentina ocupa el quinto lugar en el mundo en materia inflacionaria. Existen distintos enfoques, pues mientras desde la oposición y las consultoras privadas se asegura que antes o después habrá que afrontar el costo de la inflación, desde el Gobierno se sostiene que el poder adquisitivo no se ve afectado pues tanto los haberes de los asalariados como las escalas jubilatorias están acompañando la evolución de los precios. En este 2011 el Gobierno aspira a reiterar esta experiencia, a la cual califica de "exitosa". El tiempo dirá.