La situación no es nueva, ni tampoco reciente, viene desde siempre. Es que las cárceles nunca han servido para rehabilitar a los internos en ellas, seguramente con la existencia de excepciones, siendo en cambio verdaderas escuelas de delincuencia, donde los que ingresan por algún determinado delito salen con amplios conocimientos sobre otras áreas. Pero además, y por sobre todas las cosas, las prisiones son sitios en los que la crueldad, el maltrato, la tortura y el absoluto desorden de convivencia están en plena vigencia.

Tiempo atrás el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas mostró su preocupación por la recurrente tortura y el maltrato en las unidades carcelarias de la Argentina, reclamando al gobierno nacional que adopte las medidas indispensables y de manera urgente para evitar tales tormentos. Para llegar a tales conclusiones, la organización internacional reunió denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos, destacando prácticas de "asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos gravosos", puntualizándose además que existen traslados arbitrarios de presos lejos de sus familias, como forma de castigo encubierto.

Otras exigencias desde las Naciones Unidas para el gobierno, han sido que se "reafirme de manera inequívoca la prohibición absoluta de la tortura", y también que "se investigue, sin demora y exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención", además de garantizar en la medida de lo posible que los presos sean alojados en cárceles cercanas a sus hogares.

Se puntualiza también que debido al constante incremento de la población carcelaria, lo que redundó en prisiones colapsadas, se ha generado una situación de clara emergencia penitenciaria, lo cual incluso ha sido verificado por legisladores de nuestro país.

Actualizando este informe, se dispone de un detalle de la Procuración Penitenciaria de la Nación con relación al primer semestre de 2017, durante el cual se presentaron 343 denuncias de maltratos y torturas en cárceles federales de todo el país, de las cuales se desprendieron 120 causas penales. De sostenerse este ritmo de denuncias en la segunda mitad del año, se superaría la cantidad que hubo en 2016, recordándose además que el pico máximo fue registrado en 2014 con 823 denuncias de torturas y maltratos en las prisiones del país.

De acuerdo con el informe de la Procuración, la prisión que concentró mayor cantidad de denuncias fue la de Ezeiza con 92 episodios, seguido por el penal de Marcos Paz con 40. Uno de los datos más relevantes sobre las cárceles y en especial sus internos, es que en promedio del 40% estos últimos no tienen condena firme.

El maltrato y las torturas fueron también advertidas un par de semanas atrás por un estudio elaborado por el Registro Nacional de casos Contra la Tortura, donde se incluyen además datos aportados por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, recopilándose los casos de todo 2016 tanto de cárceles federales, bonaerenses como de algunas del interior del país. Se puntualiza que el año anterior hubo 1.953 víctimas de torturas y maltratos, permitiendo la individualización de 6.391 episodios en virtud que en muchos casos una sola denuncia involucra a otros episodios.

El relevamiento del Registro Nacional, que viene analizando este problema desde 2010, se concretó en 18 unidades penales y 5 institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, 23 cárceles del Servicio Penitenciario Federal, 2 alcaidías penitenciarias, 4 comisarías de la Policía Federal, una comisaría de la policía Metropolitana y un escuadrón de Gendarmería en la provincia de Jujuy, completándose con otras 25 unidades provinciales de Córdoba, Mendoza y Misiones.

En la conclusiones se destaca que "este informe confirma la persistencia de la tortura como una práctica sistemática y extendida en lugares de encierro tanto en la provincia de Buenos Aires como en la República Argentina. La situación se agrava por la profundización y consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La reforma de la ley de ejecución penal y proceso de flagrancia, entre otras medidas, profundizan el colapso carcelario. A lo cual se agrega la falta de políticas públicas destinadas a la prevención y sanción de la tortura".