La

demora en la reactivación del consumo lleva al gobierno a seguir

corriendo el arco con la promesa cada vez menos creíble de "brotes

verdes" y la "lluvia de inversiones", y ahora sostiene que los

capitales fluyen poco hacia estas tierras porque la rentabilidad

de los negocios es baja.

El equipo económico atraviesa severas dificultades para poner

en marcha el aparato productivo, en parte porque el contexto

mundial sigue siendo reacio a volcar sus capitales en países

"fronterizos" como la Argentina.

Pero en buena medida las razones en esa demora hay que

encontrarlas en que la Argentina se convirtió en un país con baja

productividad, carente de infraestructura, con limitaciones de

transporte, energía y logística, rutas inundadas, alta presión

impositiva y una industria que durante décadas dependió de los

subsidios del Estado para crecer.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, ensayó una

explicación sobre por qué demora la llegada de las inversiones,

cuando advirtió que "la rentabilidad no es la esperada respecto

del riesgo" asumido. Fue dos días después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la recesión había terminado al presentar su informe de gestión en la Cámara de Diputados. 

El Estado tiene una fuerte responsabilidad en la ineficiencia

de la Argentina, porque acorralado por el desequilibrio de las

cuentas públicas se transformó en una máquina de aumentar

impuestos y generar burocracias con afán recaudatorio, que

espantan la inversión.

Macri pareció entenderlo en los primeros meses de su gobierno,

pero luego cayó en la trampa de echar mano de la presión

tributaria sobre los pocos contribuyentes que afrontan sus

obligaciones en la Argentina.

El Gobierno también cometió un error de cálculo cuando creyó

que sólo arreglando con los fondos buitre comenzarían a llover las

inversiones sobre distintos sectores de la economía.

La "prueba de amor" no rindió los frutos esperados, pero sí

permitió sortear la bomba de tiempo que Cristina Fernández le

había dejado atada con un moño a su sucesor.

La Argentina pudo acceder al financiamiento necesario para

afrontar el desequilibrio de un Estado que se agigantó a niveles

insostenibles durante el kirchnerismo.

En esos años de fuerte intervencionismo estatal, el crecimiento

del empleo público fue el deporte favorito del gobierno nacional,

pero también de las provincias, que encontraron una herramienta

formidable de disciplinamiento político.

Por cada empleo público, ganaban la adhesión de al menos cuatro

personas del núcleo familiar directo del beneficiario.

El último relevamiento de la Fundación FIEL arrojó que el

sector público nacional en 2003 tenía 460.000 empleados mientras

en 2016 subió a 739.000, con un crecimiento del 61%.

Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de

2.200.000 y en 2016 de 3.579.000, mientras este año rondará los

3.800.000.

Es decir, la cantidad de empleados públicos casi se duplicó, y

de alguna manera el 25 por ciento de la población depende o está

influida por los empleos que distribuye el Estado, a lo que se

deben sumar los planes sociales.

La Fundación Libertad y Progreso -que elogia muchas de las

políticas de Macri- advierte que existe una cuestión en la cual no

sólo no hubo avances sino que, por el contrario, no existe

progreso.

Alude a la "inmensa y aplastante estructura del Estado y al

empleo público que carcome las mejores energías del país

productivo".

"La duplicación del número de empleados públicos en los últimos

15 años no encuentra ningún justificativo posible. Sin embargo ha

ocurrido en el Estado argentino, tanto en el Gobierno nacional

como también en provincias y municipios. Ese crecimiento no se

explica en nuevas funciones estatales sino en los impulsos de la

política y de la propia burocracia para dar espacio al

clientelismo o al copamiento ideológico...", indica un reporte de

la entidad.

Incluso, cuestiona que Macri no sólo rehusó hacer más racional

al aparato estatal, sino que implantó un frondoso organigrama para

el Poder Ejecutivo nacional, con 21 ministerios, 87 secretarías de

Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales

y 122 organismos descentralizados.

Parece mucho para un país donde en numerosas actividades la

ausencia del Estado es notoria.

El Gobierno prometió "bajar el costo de la energía y mejorar la

infraestructura para reducir los costos logísticos", pero existen

dudas sobre la capacidad para lograr ese objetivo en el corto

plazo.

El Poder Ejecutivo también admite la necesidad de implementar

una reforma tributaria para bajar la presión del Fisco sobre los

sectores productivos y eliminar impuestos distorsivos, pero la

tentación recaudatoria sigue pareciendo demasiado grande.

A esta altura, el plan económico aplicado por el gobierno sigue

dejando más dudas que certezas, mientras un tercio de la población

intenta subsistir en condiciones de pobreza.

Sectores como la agroindustria y la construcción vienen

liderando la actividad económica, pero uno de los principales

generadores de empleo, como la industria, continúa sin salir de la

crisis.

Hay fuertes caídas en rubros como el sector textil, que es un

fuerte motorizador de mano de obra.

Lo mismo ocurre con la actividad automotriz, que cayó en abril

un 7,5% interanual, perjudicada por la interminable crisis

brasileña.

La falta de un horizonte claro para la actividad fabril es el

principal tema en la agenda del flamante presidente de la UIA,

Miguel Acevedo.

Casado con una de las herederas del imperio de Aceitera General

Deheza, Acevedo considera que faltan una política fabril

claramente definida que se base en pilares como la siderurgia y el

polo agroindustrial.

Pero el punto que tal vez más lo distancie de varios

funcionarios de Cambiemos es que Acevedo considera clave la

necesidad de una mercado interno fortalecido.

"Sin una población que pueda consumir, no vemos una salida a

corto plazo", dijo al Comité Ejecutivo de la central fabril en una

reunión mantenida el día de la asunción.

La estrategia del flamante presidente de la UIA será impedir

que la entidad quede pegada a un reclamo de cerrar la economía,

pero exigirá una "comercio inteligente".

Hará fuertes cuestionamientos a esquemas de subsidio a las

importaciones para contener la inflación que estarían fogoneando

algunos funcionarios con llegada a los oídos de Macri, con quien

Acevedo espera poder reunirse en los próximos días.