En los Tribunales de la Justicia provincial no hubo actividad ayer debido al paro de los trabajadores que rechazan el artículo que el Frente de Todos incluyó en el Presupuesto 2023, que se trataba desde ayer en la Cámara de Diputados, para que todos los jueces y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias. La medida de fuerza, con asistencia a los lugares de tareas, fue convocada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe que adhirió a una protesta similar impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). 
"El salario no es ganancia. La medida que se impulsa en el presupuesto atenta contra el salario de los empleados", subrayó ayer Juan Pablo Langella, secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe. "El jueves pasado se incorporó un artículo en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023 donde gravan en ganancias a los integrantes del Poder Judicial tanto activo como pasivo", expresó el dirigente gremial en diálogo con radio Sol Play de Santa Fe.
"Nuestra Federación de Trabajadores Judiciales y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe  decretamos un paro para generar en el Congreso una instancia de diálogo de una medida que atenta contra el salario de los trabajadores judiciales", afirmó Langella. "El impuesto a las ganancias es un impuesto injusto que en Argentina se va a gravar a 2 millones de personas y hay cientos de actividades que luchan por esta situación", agregó. 
En las distintas sedes de la justicia santafesina hubo asambleas y movilizaciones en el marco de esta jornada de lucha. En Rafaela estaba prevista una asamblea a partir de las 8 en los Tribunales de calle Alvear.  
La Ley de Impuestos a la Ganancias aprobada en el Congreso en 2016 estableció que a partir de 2017 paguen los nuevos jueces. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto en tratamiento en el Congreso incorpora un artículo para que todos los integrantes -magistrados, funcionarios y empleados- del Poder Judicial de la Nación y de las provincias paguen el Impuesto a las Ganancias, lo que generó un fuerte rechazo en el sector.