Que la Argentina no aprende de los errores está más que claro, sobran los ejemplos a lo largo de la historia, en especial de las últimas décadas. El refrán dice que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, si se traza un paralelismo a nivel país, se ajusta perfectamente a lo que somos y hacemos (mal). Nuevamente resurge el debate en torno a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, algo así como un cuento de nunca acabar. Y entonces todos se acuerdan de las tensiones del año 2008 con la Resolución 125 que llevó a los chacareros a las rutas durante semanas hasta que la ley que esperaba el Gobierno nacional de entonces se frustró con el voto 'no positivo' del vicepresidente de la Nación a cargo de conducir la sesión del Senado. 

Ahora con la inflación nuevamente fuera de control, el Gobierno que no sabe de qué manera frenar las subas de los alimentos amenaza con elevar las retenciones como una forma de hacerlo. Y los productores y las entidades agropecuarias saltan como leche hervida para oponerse a la medida.  

La Argentina es uno de los cinco países entre los 50 mayores exportadores que cobra retenciones a las exportaciones, cuya posible suba desató una nueva polémica entre el Gobierno y el campo. En Casa Rosada, o sectores del oficialismo, considera que los derechos de exportación ayudan a bajar el precio de los alimentos, por un factor llamado "desacople", pero existe una fuerte polémica sobre ese supuesto teórico, de acuerdo con la fuente que se consulte.

En cambio, los sectores más liberales sostienen que se trata de un impuesto que era útil en la economía básica del siglo XIX, cuando se gravaba el flujo de venta de mercadería al exterior que estaba cerca del consumidor. Pero advierten que ese esquema ahora cambió: de los 50 principales países exportadores del mundo, Argentina es una de las cinco naciones que gravan sus exportaciones, junto con Rusia, Indonesia, Kazajistán y Uzbekistán. Así lo indicó en un estudio la entidad cooperativista Coninagro, que integra la Comisión de Enlace, en el cual se señala, además, que los países vecinos no cobran impuestos a sus exportaciones.

El sector productivo agropecuario argentino, además de aportar retenciones, entregará divisas de exportación este 2021

por unos u$s 38.000 millones este año. El impuesto es fácil de cobrar, ya que se lo recauda en el puerto a los exportadores, no a los productores que se lo venden a éstos y no ven un dólar, sino pesos descontadas retenciones y

fletes al puerto. 

Entre quienes critican la utilización de retenciones como herramienta para bajar los precios, señalan que la producción agropecuaria se volvió más sofisticada, con actores industriales, logística y cadenas de comercialización que alejan el rol de la materia del precio final en góndola. 

En el campo se quejan de una "excesiva" presión tributaria directa real sobre las exportaciones, ya que además de las retenciones, existen en Argentina otros impuestos que pagan los exportadores, sumado a las tasas provinciales y municipales. Así, esas altas retenciones generan -por el contrario- efectos distorsivos, como mayores costos en la cadena productiva, industrial y comercializadora. También dicen que se reduce la inversión y la producción en calidad y cantidad, y eso afecta la generación de dólares y el ingreso de divisas por exportaciones, y también el abastecimiento local por parte de los productores exportadores, que a la vez ofrecen productos internamente.

A principios de febrero el Gobierno dejó correr la versión sobre el incremento de las retenciones. Al final la sangre no llegó al río porque el Presidente y la Comisión de Enlace se sentaron en una mesa de negociación y lograron un acuerdo provisorio. Actualmente las exportaciones de soja están gravadas en 33% y para subirlas se requiere el voto del Congreso. El trigo y el maíz pagan 12% y podrían subirse hasta 15% por decreto. 

En el marco de esa discusión hubo dirigentes agropecuarios que evaluaron que por momentos pareciera que a muchos funcionarios la ideología les impidiera entender una de las leyes básicas de la economía de Argentina y cualquier parte del mundo: a mayor oferta, menor precio. Consideraron que las causas de la suba de los alimentos no deberían buscarse en la producción ni en su estructura de costos. En cambio, responsabilizaron al exceso de emisión monetaria y al enorme déficit fiscal, que deteriora la capacidad de compra de los salarios.

Pero lo que pasó en febrero ya es historia antigua. En los últimos días, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, señaló que el Gobierno tiene "en análisis" un aumento de las retenciones, con el fin de "cuidar los precios" en el mercado interno. Nuevamente, dirigentes de entidades agropecuarias calificaron de "disparatadas" las declaraciones de Español. Y así estamos siempre en el mismo lugar, con las mismas piedras.