La discusión entre el bloque Justicialista y las bancadas de Juntos por el Cambio y el PDP por el traspaso del dominio municipal del Predio de la Flor al Estado provincial lleva siete meses, aunque en el último tiempo se acercaron las posiciones, pero sin que todavía se hayan podido consensuar plenamente.
El acuerdo rubricado por el Municipio y la administración provincial establece que a cambio de la donación del terreno de mayor valuación inmobiliaria que posee nuestra ciudad, la Provincia construirá en el lugar los nuevos edificios de Tribunales, el Concejo y dependencias para la Municipalidad.
Pero la premura con que el oficialismo trató de autorizar el convenio siempre chocó con la cautela y la necesidad de no acelerar los tiempos por parte de la oposición para encontrar todas las garantías de que Rafaela recibirá en plazo (10 años) que marca el acuerdo, lo comprometido, más allá de las sucesivos cambios de Gobierno que habrá en ese período.
Vale recordar que dos semanas atrás, luego de infructuosos intentos del PJ por aprobar la Ordenanza que habilita la cesión del Predio de la Flor, y la preocupación del Poder Judicial por la demora, la oposición se mantenía firme en su postura, pero el oficialismo presentó modificaciones al articulado y se abrió una puerta para destrabar la situación.
Los cambios agregan condicionamientos y obligaciones a la Provincia tales como: efectuar la licitación por la totalidad de la obra (edificios de Tribunales, del Concejo y oficinas municipales); que se reserve para el Cuerpo legislativo una superficie cubierta de al menos 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez se determina que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela. También se incluye “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”.

FINAL ABIERTO
Los cambios generaron mejores expectativas en la oposición y fueron un paso adelante, pero las bancadas de JxC y el Frente Progresista entendieron que, si bien ya se estaba muy cerca de acordar, el proyecto todavía no estaba del todo maduro.
Pero, el pasado lunes, en reunión de Comisión, el oficialismo sorprendió y le dio despacho al proyecto para que llegue a las sesión de hoy y sea votado. Fue evidente que la decisión causó desagrado en los opositores, que son mayoría en el Cuerpo y pueden rechazarlo.
Con estos entretelones no se puede vislumbrar lo que pasará este jueves en el recinto porque en las reuniones que se mantuvieron en la víspera no se pudo avanzar.
El oficialismo no retirará el proyecto y quiere que se vote esta mañana a riesgo de que si no tiene trámite favorable no se pueda volver a tratar hasta 2023.
Una alternativa para que se vote nuevamente en este período ordinario es que el proyecto vuelva a Comisiones y para ello una de las dos partes deberá proponerlo en la sesión. Aquí puede ocurrir que haya acuerdo y todos los bloques lo aprueben o que la oposición haciendo uso de su mayoría numérica lo mande a Comisión sin consentimiento de los peronistas.
Con estos ingredientes, indicaría que la sesión de esta jornada no será de las más tranquilas del año y todo puede terminar en armonía o en cruces intensos.

MÁS SANCIONES
PARA INFRACTORES
Una Ordenanza del oficialismo que será aprobada hoy, establece que toda persona que sea sancionada por haber cometido una infracción grave de tránsito, deberá asistir a charlas de educación vial, es decir, cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, con evaluación y aprobación posterior, sin que se reemplace el pago de la multa correspondiente.
En la primera infracción, deberá asistir a una charla, y en caso de ser reincidente tendrá la obligación de concurrir a tres charlas.
La inasistencia a alguna de ellas cancelará la posibilidad de acceder a una reducción en la sanción económica.
El margen de tiempo para cumplimentar la asistencia a las clases será de tres meses como máximo, y la inasistencia conlleva a la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.

ANTIGÜEDAD DE
REMISES Y TAXIS
Otra Ordenanza, pero en este caso enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que tendrá luz verde esta mañana es la que determina la cantidad de años que podrán estar en servicio las unidades de taxis y remises.
El cronograma de antigüedades máximas se fija: en 12 años, para los patentados en los años 2022, 2023 y 2024; en 11 años, para los matriculados en 2025 y 2026; y en 10 años los del 2027.
En los argumentos se expresa que “si bien la obligación legal es el recambio de las unidades que cumplan 10 años de antigüedad, las secuelas pandémicas que sobreviven como problemas de stock, falta de oferta, altísimos costos y financiamiento escaso que peligra la posibilidad de recambio de las unidades, hacen necesaria esta flexibilización”.

PAVIMENTO
BV. YRIGOYEN
Otro proyecto, de Resolución, que será sancionado, es el presentado por el bloque Juntos por el Cambio y solicita al Ejecutivo que informe al Concejo si existe un proyecto técnico para realizar la pavimentación en Bv. Hipólito Yrigoyen, entre las calles Marchini -Vieytes y Colombia. A su vez, requieren del Gobierno local que gestione los fondos necesarios para la realización de dicha obra en otros niveles de gobierno.
El tramo no cuenta con la obra de pavimento, siendo una arteria de alta transitabilidad, principalmente utilizada por los vecinos de los barrios Brigadier López y El Bosque como vía de acceso.
Recuerdan que “desde hace tiempo los vecinos piden la realización de la obra, considerando que dicho sector se ha consolidado y son cientos de familias las que habitan y transitan el sector a diario”.

INFORMES POR
GASODUCTO
También mediante un proyecto de Resolución, el concejal Lisandro Mársico (PDP), solicita al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que proceda informar el estado de ejecución de la obra correspondiente al Gasoducto Regional Centro II y “especificar cuáles son los motivos por los cuáles la finalización de la misma no se concreta”.
Fundamenta su pedido en que “el Gasoducto Regional Centro se encuentra operando al 100% de su capacidad, por lo que no cuenta con posibilidad de nuevas conexiones”, situación que podrá ser resuelta por el Gasoducto Regional GNEA Rafaela-Sunchales (se inicia en la localidad de Recreo y su traza es paralela a la Ruta Provincial N° 70), que permitirá suministrar gas natural a 34.000 usuarios en nuevas localidades.

CONTROL DE
ROEDORES
Por una Minuta de Comunicación, que tendrá aprobación, el edil pedepista le pide al DEM que “lleve a cabo tareas de monitoreo y control sobre los roedores en descampados, vías del ferrocarril, plazas, desagües de la ciudad, inspeccionar negocios y/o empresas en todos los barrios, no solo en el centro o macro centro”.
Expone en la iniciativa que “como acción del Estado local para el control de los roedores que invaden nuestra Ciudad, se entregan bolsitas de un pesticida denominado Rodenticida, y en muchos casos los vecinos no saben dónde colocarlo con la peligrosidad que eso conlleva”. De igual manera, el Concejal del Frente Progresista advierte que en otras oportunidades “se terminan comprando en veterinarias y supermercados, sin saber verdaderamente qué clase y calidad de producto están adquiriendo”.
Los dos restantes proyectos son donaciones de fracciones de terrenos de propietarios al Municipio para la apertura, ensanche y prolongación de calles.