Las particularidades y quizás también excentricidades del escenario político de la Argentina dan lugar a situaciones incomprensibles. Con una economía altamente inflacionaria, donde los precios de los bienes y servicios se mueven hacia arriba sin pausa, el Gobierno define su política tarifaria no en función de lo que debe hacer o lo que corresponde para mantener la calidad del servicio sino a partir de sus estrategias electorales, es decir toma una decisión en base a qué le conviene de cara a una elección, que en este 2021 será legislativa. La cuestión es aferrarse al poder a como de lugar porque el fin justifica los medios, en términos del pensador Nicolás Maquiavelo.

La reciente grieta interna -otra más- en la coalición gobernante se desató por desacuerdos en torno a la política tarifaria, más puntualmente sobre la magnitud del ajuste necesario para este año. El ministro de Economía tiene una posición que se sustenta en aplicar al menos dos actualizaciones pero un funcionario de menor rango se opone y se planta en que el incremento no debe superar los dos dígitos, tal como lo habían expresado la Vicepresidente y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subordinado subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se lleva a cabo con una realidad subyacente marcada por la disparada de los subsidios a las compañías distribuidoras. En el primer trimestre del año, los subsidios demandaron $71.100 millones, un 184,9% más que en el mismo período de 2020 y un 363,5% más que en el de 2019, cuando comenzó el congelamiento de las tarifas.

La información se desprende del último reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el que se indica que los subsidios del Estado nacional a empresas públicas y privadas y a fondos fiduciarios alcanzaron entre enero y marzo a $175.092,7 millones, con un incremento interanual del 171,4%.

En medio de la discrepancia entre el ministro y su subsecretario respecto del aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica, el peso que volvieron a cobrar los subsidios no solo representa una amenaza al propósito de reducir el déficit fiscal sino también un desequilibrio de precios relativos, si se tiene en cuenta que desde hace más de un año que los precios de los bienes aumentan más que los de los servicios.

Desavenencias por un tema puntual en una organización sea gubernamental o no es un lugar común, sucede habitualmente. Pero en este caso alarma el contraste entre una medida amparada por la racionalidad económica, que sería aumentar las tarifas eléctricas para reducir el peso de los subsidios que paga el Estado nacional -con dinero de los contribuyentes, nunca hay que perder este "detalle"- y una decisión netamente política, que está al borde de ser caprichosa. 

En realidad lo que está en juego es la subsistencia de una facción política en el poder. Ante un cuadro de hartazgo social que se observa por los desaciertos en la gestión de la pandemia y la crisis socioeconómica, las elecciones de medio término se presentan como un desafío difícil de alcanzar para el Gobierno nacional. Solo puede tomar parte de la política tarifaria para los usuarios de la Ciudad y el Conurbano bonaerense que viven en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que representan cerca del 40 por ciento del padrón electoral. Aquí yace entonces la explicación de la estrategia política para definir un asunto económico. 

Con las arcas vacías, y en plena negociación con el FMI y el Club de París, el Ministerio de Economía busca reducir los fondos que destina a subsidios por tarifas que están pisadas pues aumentan a un ritmo menor que la inflación. Un incremento de dos dígitos iría en esa dirección. Sin embargo, el ala kirchnerista frena el impulso y solo autoriza una suba del 9 por ciento para no desagradar al electorado que, precisamente, apoya en mayor medida al peronismo. 

Ahora bien, ¿quién paga los subsidios de las tarifas eléctricas de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano? Del AMBA en realidad. Todos los argentinos. A los usuarios de la EPE en Santa Fe nadie los ayuda a pagar el aumento recientemente resuelto por el Gobierno provincial, que supera el 30 por ciento en tres etapas, de las cuales la primera del 14 por ciento ya está vigente. 

Y está claro que cuando la inflación avanza sin detenerse y las tarifas quedan relegadas, se va formando una bola de nieve que en algún momento se sale de control. El Gobierno de Cambiemos pagó un alto precio por los tarifazos aplicados en su gestión. El kirchnerismo tomó nota y no quiere repetir el error.