En momentos en que buena parte de la oposición se encarga de resaltar en amarillo los compromisos asumidos por Mauricio Macri durante la campaña presidencial que aún no cumplió, el Gobierno adoptó una polémica decisión a través del decreto que autoriza el blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarios públicos. 

Después de 12 años de kirchnerismo, algo más de la mitad de los argentinos optó por el cambio en las elecciones del año pasado en busca de una mayor transparencia en los actos de gobierno y una gestión que presente batalla a una corrupción enquistada en las estructuras del Estado. 

En este escenario, Macri puso el acento en que Cambiemos no ocultaría la realidad mediante la manipulación de las estadísticas oficiales como había efectuado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero que a su vez reinventaría los procedimientos administrativos en las licitaciones de obra pública para extirpar la corrupción y evitar lo que sucedió hasta el año pasado y que es objeto de investigación judicial. La referencia es a las estancias y múltiples propiedades de Lázaro Baéz y los bolsos de dinero de José López, convertidos hoy en las caras emblemáticas de la corrupción que compromete también seriamente al exministro Julio De Vido y a la expresidenta.

Más allá de las dificultades que hoy presenta la economía y que consumen gran parte del esfuerzo del Gobierno, en la última semana se conoció el decreto con el que se modificó la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" para permitir a los familiares de funcionarios blanquear capitales. 

Este cambio fue cristalizado a través del Decreto 1206/2016, publicado en el Boletín Oficial, que va a contramano de lo que había dispuesto la Ley votada por el Congreso, en el que Elisa Carrió, aliada clave de la coalición gobernante Cambiemos, logró que se excluyera a los funcionarios y sus familiares del blanqueo para evitar lo que denominó "acuerdos de impunidad". 

Ahora con el decreto de Macri se modificó el Decreto N° 895/2016 con el que había reglamentado el Libro II de la Ley 27.260 que dio luz verde al blanqueo para reunir los fondos con el que se financiaría el reajuste jubilatorio. El artículo 21 del decreto reglamentario imponía el carácter restrictivo y la exclusión de quienes hayan ocupado cargos de funcionarios públicos entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Sin embargo, el Gobierno ordenó ahora agregar como último párrafo de ese artículo 21 que los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios "podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional" de sus bienes. Aclaró que eso será "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios públicos "hubieran asumido los respectivos cargos". En este sentido, la prohibición que ahora fue levantada por la administración Macri recaía sobre familiares del Presidente y vice; gobernadores y vicegobernadores; jefe o vicejefe de gobierno porteño; intendentes municipales. También sobre senadores o diputados nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejales municipales, o Parlamentarios del Mercosur; magistrados del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Capital Federal, entre otros. 

En la práctica, la medida significa una devaluación del valor de la palabra empeñada por el Gobierno de Macri a la vez que despierta sospechas sobre las verdaderas razones de esta modificación a una ley consensuada en el Congreso. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Era necesaria teniendo en cuenta que el blanqueo presentaba resultados parciales satisfactorios según el Gobierno? ¿A quién se intenta favorecer? Las preguntas no tienen respuestas sinceras aún por parte de los funcionarios del macrismo. 

Y sobre este contexto de erosión de la palabra de Macri se montó el kirchnerismo para instalar el "Día de la Mentira", que alude al 15 de noviembre de 2015 cuando se desarrolló el debate presidencial entre Daniel Scioli y Macri, quien asumió una serie de compromisos que una vez en el Gobierno no pudo respetar. De acuerdo a la percepción del universo kirchnerista, Macri no cumplió ninguna de las siguientes promesas: no devaluar, no ajustar, no aplicar un tarifazo, eximir del pago de Ganancias a los trabajadores, pobreza cero y dar un millón de créditos hipotecarios. 

Así las cosas, el Gobierno de Cambiemos enfatizó que su acción se enfocaría en la transparencia. Pero en la práctica no parece alinear lo que hace a lo que dice. Porque si bien durante el debate en el Congreso de la ley de blanqueo aceptó excluir a los familiares de funcionarios del listado de beneficiarios, ahora volvió hacia atrás con un decreto, dejando la sensación de que si no le gusta una ley la modifica por decreto.

Lo cual es un antecedente muy peligroso, más aún para un Gobierno que merced al diálogo con diputados y senadores logra consensos para la gobernabilidad que tanto necesita. Es que con el nuevo decreto, desacredita la labor parlamentaria. Un riesgo innecesario pero que está dispuesto a correr, lo que alimenta las dudas: ¿a quién trata de beneficiar?