IQUIQUE, 3 (AFP-NA). - Miles de personas

regresaban a sus casas en el norte de Chile este miércoles tras la

evacuación por la alerta de tsunami activada por un sismo de 8,2

grados que dejó seis muertos y daños menores pese a su potencia.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien viajó a las

regiones norteñas de Arica y Tarapacá, decretadas zona de

catástrofe, se reunió este miércoles con un comité de emergencia

para supervisar la situación y sobrevoló las zonas más afectadas. 

A la luz del día, comenzó la revisión de los daños

estructurales en viviendas, escuelas y hospitales, con el objetivo

de garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad.

En Iquique, la ciudad más cercana al epicentro del sismo, y en

la aledaña Alto Hospicio, fallecieron por infarto y aplastamiento

una mujer y cinco hombres, uno de los cuales fue identificado como

ciudadano peruano.

Pese a que todavía no había disponible una estimación de los

daños causados por el sismo, la Oficina Nacional de Emergencias

situó en unas 2.500 las viviendas dañadas en Alto Hospicio, una

población con residencias más precarias que Iquique.

Al amanecer, el alerta de tsunami que mantuvo evacuadas a

972.000 personas a lo largo de unos 4.329 kilómetros de costa, fue

cancelada después de unas diez horas, y los vecinos volvieron a

sus casas.

"Se ha enfrentado de una manera ejemplar una tarea titánica",

dijo Bachelet, finalizada la evacuación.

"El terremoto fue terrible y seguimos esperando un

superterremoto", señaló por su parte a la AFP Jorge Reyes, un

consultor de una minera estadounidense residente en Arica.

Reyes destacó el civismo y la madurez de los chilenos para

hacer frente a los sismos. "Ya estamos acostumbrados a los

terremotos, de alguna manera tenemos una educación cívica y no nos

desesperamos".

MAS PREPARACION

Y MENOS DAÑOS

En Iquique, se veían este miércoles techos caídos, ventanales

quebrados, y estantes y mercancías en el suelo en los centros

comerciales, pero ningún edificio colapsado ni gran destrucción en

las calles.

La prioridad en estos momentos, según Bachelet, es garantizar

el acceso a agua y luz en las casas, servicios que iban

reponiéndose de forma progresiva durante el día, alcanzando casi

la normalidad.

La escasez de energía eléctrica y el temor de que ocurra un

nuevo terremoto habían desatado un frenesí entre los vecinos de

Arica, al norte, por obtener pilas, linternas y alimentos.

"No tengo luz en casa, tenía que viajar a Iquique y fue

imposible porque suspendieron los vuelos", dijo a la AFP Carla

Fernández, una químico-farmacéutica que esperaba su turno para

surtirse de vituallas.

Los supermercados abrieron durante la tarde y en las

gasolineras de Iquique se podían ver filas de personas con

garrafas para abastecerse de combustible, que era racionado a

compras de unos 20 dólares.

Al mediodía empezaron a reanudarse los vuelos hacia las tres

capitales del norte -Antofagasta, Iquique y Arica- que habían sido

cancelados durante la alerta de tsunami.

Sin embargo, las

carreteras para ingresar a Iquique se encontraban obstruidas por

derrumbes, y lucían grietas profundas.

Pese a que el tsunami que siguió al sismo fue de poca

intensidad, con un ingreso del mar de unos 200 metros en Iquique,

en el puerto de la ciudad hubo cerca de 80 embarcaciones dañadas,

hundidas y otras arrastradas por el mar hacia el continente.

Al ser uno de los países más sísmicos del mundo por encontrarse

al límite de una falla geológica, Chile cuenta con altos

estándares en construcción antisísmica, y entrena periódicamente a

su población con simulacros de evacuación, que en esta ocasión

funcionaron sin problemas. 

El sismo ocurrió a las 20H46 (23H46 GMT) del martes, con un

epicentro en el mar a 89 km del suroeste de Cuya, y duró dos

minutos, estremeciendo las regiones chilenas de Arica, Iquique y

Antofagasta, a unos 1.800 km al norte de Santiago.

Alertas de tsunami fueron emitidas también la noche del martes

en Perú, Ecuador y Honduras.

Bachelet tomó inmediatamente esta vez la decisión de enviar a

las Fuerzas Armadas a la zona afectada para hacerse cargo del

orden y la seguridad, y evitar así posibles saqueos, como ocurrió

tras el terremoto y tsunami del 2010 en el centro sur del país,

que dejó más de 500 muertos y daños en infraestructura por unos

30.000 millones de dólares.