BUENOS AIRES, 3 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio acusó ayer a empresarios y ex funcionarios de conformar una asociación ilícita que funcionó entre 2008 y 2015 para el reparto de bolsos con dinero de sobornos y sostuvo que la misma fue "comandada por Néstor y Cristina Kirchner". Según la acusación que le leyó a cada uno de los doce detenidos que este jueves desfilaron por su Juzgado, la asociación ilícita funcionó "aproximadamente entre 2008 y noviembre de 2015" y su finalidad fue "organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo".

"La asociación fue comandada por Cristina y Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la Nación", indicó en la acusación el juez. Según los investigadores, "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados" y algunos de los destinos fueron la calle Uruguay 1306 y Juncal 1411, este último el inmueble de Cristina Kirchner en la Capital Federal; pero también "en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno".

Los empresarios pagaron durante un lapso determinado entre 2008 y 2015 un total de 35.645.000 dólares a entonces funcionarios del Gobierno y algunos miembros de la Justicia, según se desprende de la acusación que el juez les leyó a los acusados en indagatoria. Las entregas fueron en un "sinnúmero de oportunidades" lo que -según los investigadores- comprueba la "permanencia" en el tiempo de la asociación ilícita de funcionarios y empresarios.

Además, se estableció que la asociación ilícita fue organizada por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz por otra causa en su contra. "La maniobra fue organizada por Julio De Vido y Roberto Baratta, quienes se encargaban de realizar los cobros indebidos", sostiene la acusación.

Para el juez, los cuadernos con las anotaciones que hizo Centeno entre 2005 y 2015 son una "verdadera bitácora del delito". "El primer circuito de recepción de fondos fue conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados", remarcó el juez y mencionó a Baratta, Walter Fagyas, Nelson Lazarte, Fabián García Ramón, Hernán Gómez, y Enrique Llorenz.

En un segundo circuito, aparecen "quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron ese sistema", y allí ubicó a José María Olazagasti, secretario de De Vido; Hugo Larraburu y Juan Manuel Abal Medina.

"Quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio que por cierto no es el único, según el conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron es este tribunal o son de público y notorio conocimiento, son Néstor, Cristina Kirchner y Julio De Vido", subrayó la acusación.

DESAFUERO DE CRISTINA

Y ALLANAMIENTOS 

Bonadio volverá a pedir en los próximos días el desafuero de la senadora nacional Cristina Kirchner por el escándalo de los cuadernos con detalles de coimas en la obra pública durante su Presidencia, al tiempo que ya solicitó a la Cámara alta autorización para allanar sus domicilios.

Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, que precisaron que la solicitud es para realizar operativos en las viviendas que la ex presidenta tiene en las localidades santacruceñas de Río Gallegos y El Calafate y también en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley de Fueros (25.320) establece que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara".

De acuerdo a esa norma, la Cámara puede autorizar el allanamiento sin dictar el desafuero, que es la otra medida que el juez federal tiene en carpeta, adelantaron fuentes judiciales, posiblemente para después del 13 de agosto, fecha en la que la ex mandataria deberá presentarse a declarar.

En declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, consideró que el pedido de allanamiento debería "ser tratado con más urgencia que un desafuero", aunque aclaró que se trata de su postura personal.

Ocurre que, según precisó, el interbloque de Cambiemos se reunirá la semana que viene para definir una postura frente al pedido que envió el magistrado que, en caso de aprobarse, debería ser según Pinedo "por mayoría simple" porque la Ley de Fueros "no tiene previsto una mayoría agravada".

En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se expresó a través de un comunicado en el que se refirió únicamente al eventual pedido de desafuero y afirmó que "se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia firme".