A fines de agosto el Gobierno oficializó, a través de un decreto, el pago de un bono de 5 mil pesos para empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Entre sus consideraciones, habla de "minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país".

La suma fija remunerativa no bonificable por única vez se abonó el primer día hábil de septiembre a los estatales. Desde ese momento comenzó a discutirse un pago similar a los trabajadores del sector privado. Y si bien ahora parece encaminarse el acuerdo, el pago dependerá de la capacidad de las empresas en poder hacerlo. Está claro que en algunos casos los propios empleados se resignan a no cobrar el bono a cambio de al menos percibir el salario -en lo posible en tiempo y forma- y no perder el empleo. Así de difícil está el escenario.