La

puja por la distribución del ingreso con los gremios y la

persistente alza de precios a pesar de los esfuerzos oficiales por

frenarla meten ruido en una campaña electoral en la que el

ministro Axel Kicillof empieza a sonar como candidato en un lugar

a definir.

Defendido en la semana por la presidenta Cristina Fernández

tras una información sobre sus niveles de ingreso, el funcionario

aparece fortalecido y decidido a ubicarse en el centro del ring

para arrear la economía hacia el rumbo que, a su juicio, debe

orientarse, el de un intervencionismo cada vez mayor del Estado en

la mayoría de las decisiones.

Para el jefe de Economía, la inflación bajará este año diez

puntos respecto del 2014, por lo que obligó a barajar y dar de

nuevo a grandes gremios como Comercio, que mantienen abiertas sus

negociaciones tras anunciarse un acuerdo fallido, mientras que

metalúrgicos y bancarios siguen lejos de un acuerdo, y también

aparece complicado el cuadro en la construcción.

La próxima gran batalla del gobierno se producirá en la segunda

semana de junio, cuando los gremios del transporte y la CGT de

Hugo Moyano, entre otros polos sindicales, buscarán volver a

paralizar el país.

Ya lo lograron el 31 de marzo último, cuando las calles

desiertas despertaron la ira presidencial.

Cristina aún guarda rencor por esa medida de fuerza del

sindicalismo "opositor", y por eso salió a sugerir que los jefes

gremiales no saben en qué país viven.

"España arregló aumentos salariales del 1,5% anual", buscó

lastimar la mandataria, pero omitió decir que, producto de la

recesión y la crisis, ese país europeo tiene deflación, muy lejos

de la escalada de precios que sigue en niveles altos en la

Argentina.

Los grandes sindicatos parecen dispuestos a vender lo más cara

posible la paritaria, porque consideran que el acuerdo del año

pasado los dejó 10 puntos debajo de la inflación y ahora quieren

revancha.

Para colmo, la presión del impuesto a las Ganancias sobre más

de un millón de asalariados conspira contra los acuerdos y la

"mejora" ideada por Kicillof puede terminar cumpliendo aquello de

que es "peor el remedio que la enfermedad".

El jefe de Economía quedó en el centro el cuadrilátero, ya que

viene recibiendo fuego cruzado de los gremios, que lo califican de

"gorila", y de los sectores empresariales, que reclaman devaluar

para mejorar la competitividad.

Kicillof exigió a la CGT oficialista que los acuerdos

salariales no superen el 27%.

Antonio Caló, el paciente jefe de la central obrera alineada

con la Casa Rosada, llevó esa pretensión a los principales

referentes sindicales en un cónclave que fue subiendo de tono.

Al final, los caciques gremiales terminaron advirtiendo que no

aceptarán un techo en las negociaciones salariales, una

ambición que el gobierno niega.

En su retórica, Kicillof machaca con que las paritarias no

tienen techo, pero en el mano a mano con los sindicalistas admite

que no quieren "un 3 delante de los acuerdos", para impedir

presiones inflacionarias extra a las existentes.

El esquema de negociación es delicado, porque el gobierno

parece haber vuelto a las andadas con la manipulación de las

estadísticas del INDEC.

No es que en algún momento se haya dejado de lado el retoque de

las estadísticas, sino que, a diferencia de lo ocurrido en el

2014 cuando hubo alguna apertura para sincerar parcialmente las

cifras, ahora parece haber regresado el uso del puño de hierro

para que los índices "ayuden" a calmar el malestar social que la

gente siente al visitar el supermercado.

Para el INDEC, que ya cumplió 100 meses de intervención

gubernamental, los precios subieron menos del 5 por ciento en

el primer cuatrimestre, un nivel que no resiste muchos análisis

cuando se constata cualquier economía hogareña.