La
economía corre riesgo de ingresar en recesión este año, e incluso
algunos sectores como la industria ya estarían en ese escenario,
lo cual reaviva la preocupación sobre la pérdida de puestos de
trabajo, un fenómeno inédito desde el abismo en el que cayó la
Argentina en 2001.
El país inició un proceso de recuperación hacia fines del 2002,
luego de que el gobierno de Eduardo Duhalde aplicó remedios
amargos pero ineludibles para buscar una salida a lo que parecía
el inicio de un invierno interminable.
Pero el país dio otra vez pruebas de tener una capacidad de
recuperación sorprendente, de la mano de los precios récords de
los commodities agropecuarios y de factores de producción
reanimados por políticas activas.
Así comenzó un proceso de crecimiento sostenido, aunque
desordenado, que sólo tuvo un freno en el 2009, como consecuencia
de la crisis financiera internacional.
Pero el escenario favorable parece haber comenzado a virar,
tras la aplicación de políticas expansivas que superaron la
capacidad del Tesoro y dejaron al país de nuevo en situación de
déficit fiscal, lo cual lo volvió vulnerable a nivel financiero y
posibilitó que los mercados forzaran una devaluación que sólo
agigantó el escenario inflacionario que había comenzado a
acentuarse desde el 2007.
Es en este escenario de devaluación e inflación que grandes
empresas volvieron a evaluar la posibilidad de despidos, algo que
no ocurría desde el 2001.
Trece años después, un estudio de SEL Consultores sobre 150
empresas líderes arroja que la posibilidad de disminuir la
dotación de empleados creció del 9% al 15% de los consultados, si
se compara con el 2013.
Pero el dato más llamativo ocurre con los fabricantes de bienes
durables, donde los índices pasaron del 12% al 23% de un año al otro.
También las industrias de consumo masivo encienden señales de
alarma, ya que pasaron del 6% al 18%.
Los 3.500 operarios suspendidos en tres terminales automotrices
durante la última semana, y las dudas e cruce de reproches entre
la Argentina y Brasil sobre la culpa por la caída del intercambio
automotriz, acentúan las preocupaciones.
La pregunta que sobrevuela a los analistas es si el freno a la
construcción a partir del 2012 y ahora el del sector automotriz,
fueron una política deliberada del ministro de Economía, Axel
Kicillof, tras advertir una posible "burbuja" en ambas industrias
clave, con el consiguiente aumento de precios, o errores de
diagnóstico.
El cepo cambiario barrió con el boom de la construcción y el
impuestazo destrozó el crecimiento de las ventas automotrices.
Existiría en sectores del gobierno una lectura fina sobre cómo
operó el crecimiento económico este año que estaría arrojando un
diagnóstico diferente al que se relata desde la Casa Rosada.
Técnicos cercanos al ministro de Economía considerarían que si
bien el crecimiento económico permitió el desarrollo y la creación
de empleo, también contribuyó a fortalecer la posición de lo que
el kirchnerismo gusta llamar "sectores concentrados de la economía".
Así, ahora se buscarían corregir esas "distorsiones de
crecimiento" en la economía argentina vía ajustes alejados de la
sintonía fina que se intentó aplicar en algún momento, pero que
está teniendo efectos secundarios no deseados.
La producción industrial cayó 10,2% en marzo -6% según el
INDEC- y arrastra nueve meses de retroceso, por lo que
técnicamente ingresó en recesión, según la Fundación FIEL.
En el primer trimestre, la actividad se redujo 2,6 por ciento
respecto de lo observado en el mismo período de 2013.
Los sectores que registraron contracciones más profundas que el
promedio general en el primer trimestre del año fueron la
producción de automotores, que cayó 15,1%, seguida de la de
petróleo con 6% -a pesar de los buenos números de YPF- y la
producción metalmecánica que bajó 4,6%.
Según FIEL, los datos de marzo reflejan un "proceso recesivo
que se extiende por décimo mes consecutivo y ha profundizado su
caída a una tasa del 9,7% equivalente anual".
Como suele ocurrir cuando los números dan mal, los
conglomerados económicos se empiezan a inquietar, y eso se reflejó
en los documentos emitidos por el creciente Foro de Convergencia
Empresarial, algo así como una versión ampliada de la Asociación
Empresaria Argentina (AEA), donde confluyen compañías que facturan
200.000 millones de pesos anuales y emplean a unas 300 mil personas.
En medio de esos cuestionamientos a la marcha del modelo
económico, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción
(Cicyp) comandado por Eduardo Eurnekian, parece en cambio aún
convencido de que el gobierno puede liderar un acuerdo económico y
social que corrija aspectos del modelo.
El clima es más espeso en la UIA, donde salvo excepciones
prevalecen las críticas hacia el rumbo adoptado por el gobierno
especialmente tras la llegada de Kicillof como jefe del Palacio de
Hacienda.
"La inflación es muy alta y cuando eso ocurre se desordena toda
la economía", fue el diagnóstico de Cristiano Rattazzi, número uno
de Fiat.
Los roces entre la central fabril y el gobierno no son nuevos,
pero se acrecentaron cuando desde la Rosada responsabilizaron a
los fabricantes por la inflación: "No somos nosotros los que
aumentamos los precios", disparó la presidenta Cristina Fernández.
"Pero son quienes crearon las condiciones", parecen haberle
respondido desde las cámaras empresariales más beligerantes.
El último malestar lo provocó la resolución 29 de la Secretaría
de Comercio que obliga a fábricas y distribuidoras de gran escala
a informar mensualmente los precios de sus productos y su
correspondiente valor por unidad, cantidad o medida.
Los industriales dicen que con esa medida se busca "escrachar"
a los que no respeten los "precios cuidados".
Desde el gobierno tienen otra lectura: advierten que el "Estado
bobo" terminó hace rato en la Argentina y que los empresarios
deberán acostumbrarse a la existencia de cada vez mayores
controles y rendiciones de cuentas.