La presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, volverá a convocar para los primeros días de septiembre un plenario al que deberán asistir los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la peronista disidente Graciela Camaño, y de la Comisión de Agricultura, presidida por el dirigente rural y diputado radical, Juan Casaña.

Desde el oficialismo confían en que tanto los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como el llamado al diálogo expresado por la Presidenta el domingo por la noche, surtan efecto y ayuden a modificar la negativa de la oposición a tratar el proyecto que desde el Ejecutivo consideran central.

Esta será la cuarta ocasión en la que desde la Comisión de Legislación General se intenta convocar a un plenario. En las primeras dos oportunidades, Vilma Ibarra tuvo que levantar la convocatoria por la reticencia de la oposición a debatir el tema. Si bien la tercera se llevó a cabo, sólo contó con la presencia de los diputados oficialistas.

La dilación provocada por las posturas adoptadas por el peronismo disidente y por el radicalismo, a través de los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, que nunca dieron curso a la convocatoria de los plenarios, tenía que ver con una especulación sobre el voto del “campo” en las primarias. La proclama de las fuerzas políticas opositoras que se adjudicaban la representación de los intereses del “campo” fue demolida por la dura realidad que les impuso el resultado de los comicios en las distintas zonas de tierras productivas del país. Ante este escenario, tanto desde el FPV como desde los distintos bloques aliados ven clara la posibilidad de obtener la media sanción antes de que finalice el período legislativo.

Si bien pasaron casi cuatro meses desde que el proyecto enviado por el Ejecutivo ingresó a la Cámara Baja (27 de abril), los legisladores sólo lo pusieron en el temario de las comisiones en una oportunidad, el 14 de junio. Ese día, casi sin presencia opositora, expusieron el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el abogado e integrante del equipo técnico Eduardo Barcesat.

En aquel contexto, Domínguez les pidió a los legisladores celeridad a la hora de debatir el proyecto: “Estamos ante un bien que jurídicamente hay que cuidar. Nos parece que el recurso tierra pasó a ser de tanto interés como la zona de frontera o las áreas de seguridad nacional, al igual que el recurso agua. Quien maneje la titularidad del dominio de la tierra va a manejar para los próximos 40 años el principal recurso para proveer de alimentos al mundo. Lo que digo es que la tierra se ha convertido en un recurso estratégico nacional al cual hay que tratar de manera diferente”. 

El ministro reveló que según el relevamiento realizado por el Consejo Federal Registral que coordina el Ministerio de Justicia, unas “7 millones de hectáreas están en manos de extranjeros o sociedades de otra nacionalidad”, pero admitió que según datos extraoficiales la cifra podría llegar a 17 millones de hectáreas. Por ello, marcó la necesidad de contar con una ley que unifique las normativas locales, a la vez que aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo “no afectará derechos adquiridos”.

Con las elecciones a gobernador en Santa Fe y en Córdoba –lugares donde la oposición pretendía cuidar el voto rural– ya resueltas, y con el contundente resultado de las primarias, no aparecen razones en el horizonte parlamentario para que algún sector de la oposición siga dilatando el tratamiento del proyecto.

Vilma Ibarra logró unificar los giros de los 14 proyectos que tienen a la propiedad de la tierra como eje, con el fin de agilizar el trámite parlamentario. De esta manera, una vez emitido el dictamen en el plenario de comisiones, el proyecto quedaría en condiciones de llegar al recinto.

Más allá de las demoras y del rechazo de los sectores consustanciados con el neoliberalismo, el proyecto –que seguramente será modificado en el trabajo de las comisiones– contaría con las voluntades necesarias para obtener la media sanción en la Cámara Baja.