BUENOS AIRES, 10 (NA). - El oficialismo de la Cámara de Diputados logró aprobar ayer la resolución para declarar la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Con 16 firmas sobre un total de 31 en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos dio un paso clave y el jueves que viene comenzará la etapa de la producción de la prueba, que incluirá la citación a testigos y de los propios acusados.
En la próxima reunión informativa, de todos modos, no está prevista la presencia de testigos sino que se pasará en limpio la metodología y el cronograma de trabajo.
Juntos por el Cambio presentó una resolución propia de "rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes.
No casualmente dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde el 2017 contra Ricardo Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando era presidente de la Corte Suprema.
A los representantes de la Coalición Cívica se los vio durante todo el debate defendiendo una posición incómoda, despegándose del oficialismo e intentando que no se note demasiado las diferencias de criterio con el resto del interbloque opositor, que no apoyan ninguno de los 14 pedidos de juicio político a los magistrados.
Tras la lectura del informe de la presidencia recomendando la apertura del sumario de investigación en base a las semipruebas presentadas en los expedientes, tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) para fundamentar "el rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte.
Para el diputado opositor, el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo es "una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda" sobre la base de "acusaciones falsas", y afirmó que "lo que les molesta es el contenido de las sentencias".
"La avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus más patéticos antecedentes el alzamiento que el presidente (Alberto Fernández) y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la cautelar que dictó la Corte por el tema coparticipación y es un acto directamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático", arrancó.
Luego aclaró que esta posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene "ninguna contradicción en relación a nuestra decisión" como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados", en alusión a Lorenzetti, "porque son causas previas, que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias".
Según dijo, el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa "una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático".
A su turno, el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Mario Negri, sostuvo que los jueces de la Corte Suprema "no han incurrido en delito o mal desempeño", uno de los cargos que le imputan en los pedidos de juicio político, y al respecto opinó que el oficialismo le "declaró la guerra a la Constitución".
El cordobés aseguró que están en "presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político" y aseveró que "las causales son artificiales y dogmáticas" ya que "carecen de sustento real".
Para el radical, que es secretario en la comisión de Juicio Político, "este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial que ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la vicepresidenta" Cristina Kirchner.
A continuación, Leopoldo Moreau pronunció un encendido discurso, contradiciendo a los diputados preopinantes que salieron a instalar que no se puede juzgar el contenido de las sentencias.
El radical kirchnerista recordó que cuando se debatió el mal desempeño de los jueces de la Corte de la llamada "mayoría automática" del menemismo, en un dictamen firmado por Elisa Carrió, la ex diputada nacional de la Coalición Cívica sostuvo que la Cámara debía "analizar sus sentencias, sus fundamentos y consecuencias".
Moreau destacó que "la Corte no tiene instancia de revisión salvo la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados", que debe activarse "cuando las sentencias se usan como instrumento espurio".