Por Javier Alfonso, (Redacción La Opinión). - En los últimos días -luego de un lapso de tiempo en que no se habló del tema- volvió a tomar actualidad el proceso administrativo que se le sigue, puertas adentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, al fiscal rafaelino Dr. Martín Castellano, supuestamente acusado de demorar o postergar la investigación a quien fue conocido como el "Rey de Juego" de Rafaela, el fallecido David Perona.
Quien es parte actora en este proceso, la Dra. Cecilia Vranicich, auditora del MPA, solicitó que el fiscal rafaelino Martín Castellano, sea suspendido por dos meses sin goce de sueldo, considerando que tardó tres años en desbaratar la organización que lideró Perona.
Lo que se conoció en las últimas 48 horas -también adelantado por La Opinión online- fue que después de haber tomado nuevo impulso este proceso interno del MPA, en la jornada de ayer se aguardaba una resolución respecto de este caso.
Cabe agregar que el tribunal disciplinario conformado para este proceso está integrado por el fiscal general Jorge Baclini (quien lo presidió), el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, la diputada Lionella Cattalini, el senador departamental Alcides Calvo y el abogado Carlos Gustavo Ensinck (del Colegio de Abogados de Rosario), los cuales escucharon los cargos formulados por Cecilia Vranicich, auditora general de Gestión ante el MPA, y parte acusadora en este proceso.
Vranicich acusó a Castellano, de no haber actuado con celeridad en una causa que empezó en 2017, y que se extendió hasta el 2020. Según la auditora, el fiscal fue deficiente en la causa ya que tardó tres años en concretar los allanamientos que desbarataron a la organización de Perona.

RESOLUCIÓN
Pues bien, en la jornada de ayer se conoció públicamente la resolución del tribunal evaluador en este proceso administrativo.
La sanción aplicada consiste en la suspensión del fiscal Castellano de sus funciones por 30 días sin goce de sueldo. La mitad de lo solicitado por la auditora del MPA que había solicitado idéntica medida pero por 60 días.

LA POSTURA DE
CASTELLANO
La Opinión consultó diversas fuentes judiciales reservadas en la jornada de ayer, cercanas al fiscal Castellano, para recabar cuales serán los pasos que dará el funcionario acusado del MPA rafaelino.
Según se escuchó, "si bien se resolvió de esa manera, el fiscal tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación. Castellano va a apelar la resolución dictada -que considera injusta- y será la Corte Suprema de la Provincia, la que en definitiva resuelva si es acertada o no la medida judicial".
Se pudo saber también que la resolución aún está lejos de considerarse firme. Por ahora le falta la firma principal de Jorge Baclini, fiscal general del MPA de la provincia de Santa Fe. Además el fiscal Martín Castellano no fue notificado aún formalmente de lo resuelto.
Como toda resolución administrativa, tal cual es este el caso, se encuentra plenamente habilitada la vía del recurso administrativo ante la Corte Suprema provincial para que analice los fundamentos de la medida y determine si la misma se adecua a las constancias del expediente. Mientras ello ocurre la resolución no se encuentra firme.

INICIO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO
Para finalizar cabe recordar que todo este proceso interno en el MPA se inició por las manifestaciones públicas del exministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, en noviembre de 2020, sobre las causas judiciales de Rafaela.
En esa oportunidad, Sain -mientras ejercía el cargo- había declarado muy duramente que "[el fiscal] Castellano se despertó de una larga siesta", por el caso de David Perona.
El 18 marzo de 2021, tras varias polémicas públicas, en especial la que mantuvo con la policía provincial luego de que se hicieran públicos unos audios suyos descalificando a los uniformados provinciales, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, decidió desplazar a Marcelo Sain en Seguridad, y reemplazarlo por Jorge Lagna.
En enero de este año, el gobernador Omar Perotti instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para que se constituya como querellante en la investigación que se lleva adelante en la capital provincial para determinar si en el ámbito del Ministerio de Seguridad se realizaron tareas ilegales de espionaje o acopio de información de personas, instituciones y empresas durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain.